«El salto que ha dado España en términos de conectividad es histórico»

El sector dispone de un marco regulatorio que dota de certidumbre jurídica a los agentes dispuestos a invertir, al mismo tiempo que enfatiza los derechos de los usuarios. Pero, como todo marco legal, necesita de tiempo para su desarrollo reglamentario. ¿Qué disposiciones reglamentarias serían las más prioritarias a abordar y en qué plazos crees que se podrían materializar?

Estamos trabajando en el desarrollo reglamentario de las tres leyes que han permitido adaptar nuestra legislación a las nuevas realidades en las que se mueve la industria; son fundamentales para que el sector siga creciendo. Su aprobación en 2022 fue crucial y quiero recordar el amplio apoyo que, por ejemplo, recibió la Ley General de Telecomunicaciones en su tramitación parlamentaria con 270 a favor.

En este ámbito, acabamos de publicar la orden que modifica el CNAF, con cambios históricos y de gran importancia para el sector. Una labor que hemos desarrollado desde la SETID toda la legislatura, trabajando estrechamente con el sector y apoyándolo para tener más músculo. También estamos avanzando en el desarrollo normativo para adaptar las condiciones del servicio universal a la nueva legislación. Y, próximamente, presentaremos en audiencia pública la propuesta de regulación para el desarrollo normativo de la obligación de financiación de obra europea, recogida en la Ley General de Comunicación Audiovisual. Seguimos dando pasos para aprobar el reglamento que establece la organización y funcionamiento del Registro estatal de prestadores del servicio de comunicación audiovisual. Y el resto de reglamentos por supuesto seguirá su desarrollo paso a paso.

El debate sobre el futuro de la conectividad y el sector de las telecomunicaciones en la UE es crucial

La denominada ‘contribución justa’, es decir, que las OTT (Google, Facebook, Amazon…) aporten y colaboren en el mantenimiento y actualización de las redes de telecomunicación, es un debate que se está dando en toda Europa (también en EE.UU.). La UE ha planteado una encuesta para conocer el posicionamiento de los actores implicados sobre el futuro de las infraestructuras de telecomunicaciones que incluyen algunas preguntas respecto a este tema. ¿Cuál es la visión que se tiene desde la SETID?

España, a través del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha participado en esa consulta de la Comisión Europea porque el debate sobre el futuro de la conectividad y el sector de las telecomunicaciones en la UE es crucial. Es imprescindible hacer esa reflexión a fondo entre los Estados Miembros para que podamos poner en marcha iniciativas que refuercen la rentabilidad de las redes de comunicaciones electrónicas sin poner en peligro la competitividad y rentabilidad de otros sectores. Por otro lado, en España ya se han empezado a adoptar algunas medidas como las recogidas en la Gigabit Infraestructure Act (GIA) que se dirigen a reducir los costes en el despliegue de las redes de muy altas capacidades, por lo que en este aspecto podemos decir, sin lugar a dudas, que estamos avanzados.

Unas de las competencias bajo tu responsabilidad que más impacto pueden tener son las relativas al plan de conectividad y el despliegue 5G. Con la presencia de los Fondos Next Generation UE se han lanzado varias iniciativas UNICO para desplegar redes de banda ancha y tratar de eliminar la brecha digital, con especial énfasis en las zonas rurales. ¿Qué grado de implantación están teniendo?

El salto que ha dado España en términos de conectividad es histórico. Solo hay que ver cómo estábamos en 2018 y dónde estamos hoy, cerrando la brecha digital entre zonas urbanas y rurales de facto con la puesta en marcha del programa de ayudas UNICO Demanda Rural que está operativo desde esta semana. Estas subvenciones, concedidas en concurrencia competitiva a Hispasat, permiten llevar acceso a redes de alta velocidad vía satélite allí donde no hay cobertura a 50 Mbps y, por tanto, cerrar el gap. Y a un precio asequible porque está fijado en 35 euros al mes por usuario.

Desde 2018 hemos invertido casi 1.000 millones de euros en ayudas públicas para que toda la ciudadanía tenga acceso a las redes en igualdad de condiciones y vivan donde vivan

Este programa discurre en paralelo a la extensión de la banda ancha ultra rápida en España, que se ha acelerado con los fondos europeos Next Generation EU y el Plan de Recuperación. Desde 2018 hemos invertido casi 1.000 millones de euros en ayudas públicas para que toda la ciudadanía tenga acceso a las redes –en igualdad de condiciones– vivan donde vivan. Con los programas que están en ejecución, la prospectiva es que casi el 96% de la población tendrá acceso a redes de fibra óptica, de al menos 100 Mbps en 2024; en las zonas rurales, el porcentaje será de casi el 90%.

Estas cifras reflejan el trabajo ímprobo que se ha hecho desde la Secretaría de Estado para que la conectividad llegue a las zonas rurales en estos últimos años. Desde 2018, el acceso a banda ancha ultra rápida en municipios rurales ha aumentado 50 puntos, pasando de una cobertura del 38% al 95% que estimamos para 2024 cuando se ejecuten los programa en activo.

Estos datos confirman la espectacular evolución de la conectividad en redes fijas, que también se está produciendo en la tecnología móvil. La Comisión Europea acaba de dar luz verde a las ayudas UNICO 5G Redes Activas, un programa pionero en la UE para dotar de equipamiento e infraestructuras 5G a poblaciones de menos de 10.000 habitantes. Una muestra de que seguimos apostando por las zonas rurales. Prevemos una primera convocatoria de en torno a 500 millones de euros, a la que se suma el programa UNICO Backhaul.

Lo que estamos consiguiendo con la colaboración público-privada y la implicación de distintas administraciones es una verdadera revolución digital

Desplegar una red de banda ancha es aun así un proceso complejo. ¿Se está pensando en cómo agilizar estos procedimientos y adaptarlos para mejorar los plazos y ser eficientes en la respuesta?

Desde que soy secretaria de Estado, he estado recorriendo el territorio para conocer de primera mano cómo se está realizando el despliegue, cuáles son las dificultades (se repiten muchas veces) y procurar una metodología que agilice el proceso todo lo posible. Las Jefaturas Provinciales de Inspección Técnica son fundamentales para que la información fluya entre las partes y el despliegue se lleve a cabo en tiempo y forma. Quiero valorar como imprescindible la labor que desempeñan estas unidades, pegadas al territorio, que están implicándose para solucionar los escollos que surgen para conectar todos los rincones. Ese es nuestro objetivo y, como decía, nuestra estimación es que en 2024 habremos alcanzado el 96% de cobertura en España.

Lo que estamos consiguiendo con la colaboración público-privada y la implicación de distintas administraciones es una verdadera revolución digital.

La complejidad burocrática es, en general y según algunas opiniones del sector, un lastre importante para el desarrollo de las políticas de digitalización. ¿Cuál es vuestra percepción?

España ya es digital; no es una frase hecha o un claim publicitario. Lo he visto en Sotillo del Rincón (Soria), en Cabaña de Yepes (Toledo), en Abarán (Murcia), entre otras. Allí donde estamos llevando la conectividad de banda ancha ultrarrápida las oportunidades de la ciudadanía para estudiar, montar negocios, teletrabajar se multiplican. Las políticas que estamos implementando están transformando digitalmente el país y llegando a muchas zonas rurales –tenemos identificadas más de 6.000 municipios–. Como secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales puedo decir que el acceso a los fondos Next Generation EU está llegando a los operadores, a las universidades y empresas que desarrollan proyectos de I+D 6G y también a pymes del sector audiovisual. Además, me consta que desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial se han entregado más de 230.000 bonos del Kit Digital para que las pymes, que son el núcleo del tejido empresarial español, lleven a cabo la transformación digital y seguimos resolviendo solicitudes, ayudando por diferentes vías a quienes tienen más dificultades para acceder a estas ayudas.

El proceso de coordinación entre administraciones para el despliegue ágil de las redes de telecomunicaciones es clave. La LGTel establece en una de sus disposiciones adicionales la creación de una Comisión Interministerial. Se ha abierto una consulta pública al respecto. ¿Qué plazos y recursos se prevén para su puesta en marcha?

Efectivamente, la coordinación entre administraciones es clave. Por eso la LGTel de 2022 incorpora mecanismos de colaboración como la Comisión Interministerial. De cara a su creación, ya se han efectuado algunos trámites, aunque quedan algunos adicionales que vamos a ir resolviendo a lo largo de 2023. Afortunadamente, hay unanimidad en torno a la relevancia que va a tener la Comisión Interministerial por lo que creo que culminaremos el proceso para su creación. Y al margen de esa Comisión Interministerial, con los organismos más relevantes para el despliegue como cuencas hidrográficas y Direccion General de Carreteras, tenemos ya funcionando grupos de trabajo para agilizar los despliegues.

En esta línea, el COIT viene detectando la necesidad de formación e información sobre la LGTel y el marco técnico y regulatorio de las telecomunicaciones, habiendo colaborado con algunas administraciones autonómicas y provinciales y con la Federación Española de Municipios y Provincias. ¿Se van a tomar medidas desde la SETID al respecto?

Junto a la puesta en marcha de la Comisión Interministerial, que incluye actuaciones para divulgar y formar a las Administraciones Públicas, seguimos trabajando en distintas medidas para mejorar el conocimiento y formación sobre la ley. En 2022 ya se impartió un curso sobre reglamentación urbanística y telecomunicaciones para funcionarios de municipios de menos de 1.000 habitantes que tuvo buena acogida. Estamos preparando una nueva edición, con contenidos actualizados, en el que podrán participar las entidades de pequeño tamaño que lo soliciten en el segundo semestre. Recientemente, organizamos un curso orientado a la aplicación de la LGTel en el ámbito de las Administraciones Públicas en el Principado de Asturias y que puede replicarse en otras comunidades. Somos conscientes de que el fomento de la formación entre los técnicos, especialmente en las entidades locales, contribuye a impulsar el despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas.

El despliegue de las tecnologías radio (en estos momentos, el 5G) puede encontrar cierta resistencia ciudadana por la creencia de que puede tener un efecto negativo en la salud. En España se constituyó hace más de 10 años el CCARS, comité de expertos independientes (del que el COIT es secretaría técnica). ¿Cómo está abordando la SETID los temas de concienciación social y divulgación científica respecto a este tema?

Como licenciada en bioquímica y profesora de física y química, ejerciente hasta llegar a la Secretaría de Estado, siempre he defendido los principios científicos. En esos meses como secretaria de Estado he seguido en la misma dirección. Quiero subrayar la importancia de la labor de divulgación que ha venido realizando el CCARS desde su inicio y que valoramos positivamente. Además, ahora vamos a dar un paso más involucrando al conjunto de las Administraciones Públicas y los agentes de la industria.

En el entorno de los edificios la LGTel mejora el desarrollo de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicación (ICT), apuntando a las tecnologías de Internet de las Cosas (IoT) y al edificio monitorizado y conectado como conceptos clave. ¿Qué previsiones tiene la SETID para abordar la incorporación de estas nuevas funcionalidades en el actual Reglamento de las ICT?

El Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales, incluido en el Plan de Recuperación y que estamos desplegando a buen ritmo, prevé esas funcionalidades mediante el impulso al desarrollo de nodos IoT de los edificios. Estamos teniendo conversaciones a alto nivel para avanzar en la elaboración del nuevo anexo técnico -derivado de la revisión del reglamento de ICT- que recoja los aspectos relativos a los nodos IoT.

Allí donde estamos llevando la conectividad de banda ancha ultrarrápida las oportunidades para estudiar, montar negocios o teletrabajar se multiplican

El RD 990/2021, que regula el programa UNICO-edificios va a facilitar que los edificios construidos antes de enero del año 2000 puedan disponer de una ICT. ¿Qué resultados hay en estos momentos?

Se está haciendo todo lo posible para obtener resultados positivos, por ejemplo, se van a mejorar las intensidades de ayuda respecto a las de partida.

Frente a otros mercados como el chino o norteamericano, donde hay solo unos pocos y potentes operadores de telecomunicaciones, ¿cómo ve el futuro de la UE, mucho más fragmentado y con muchos más actores? ¿Cree que se conseguirá un verdadero Mercado Único Digital? España ejercerá la presidencia de la UE en el segundo semestre de 2023, ¿está previsto liderar algunas iniciativas a este respecto?

El mercado europeo de telecomunicaciones es muy complicado por su fragmentación. No me cabe duda de que en el contexto actual de transformación digital y de transformación del sector, es necesario una reflexión profunda para lograr un futuro más sostenible, más próspero y centrado en el ser humano en el seno de la UE. Esto implica repensar las bases sobre las que se debe cimentar la política regulatoria de las comunicaciones electrónicas, procurando que las medidas se simplifiquen. Debemos favorecer un marco donde los operadores compitan libremente promoviendo un mercado sostenible desde el punto de vista financiero e innovador.

Se han entregado más de 230.000 bonos del Kit Digital para que las pymes lleven a cabo la transformación digital

La falta de vocaciones tecnológicas en España y en la UE es un tema recurrente, con una proporción muy baja de mujeres entre los profesionales. ¿Qué acciones se están desarrollando para mitigar esta situación?

El Gobierno está trabajando en fomentar las competencias digitales, en general, y en esta Secretaría de Estado estamos poniendo el foco en el fomento de las carreras tecnológicas, en particular. La demanda de ingenieros e ingenieras en el país está creciendo exponencialmente y lo hará más en los próximos años con el PERTE Chip, dirigido a reforzar el ecosistema de microelectrónica y semiconductores, como subraya el Comisionado Especial Jaime Martorell. Para ello, estamos a punto de lanzar el programa de Cátedras empresa-universidad que nace con un presupuesto de 80 millones de euros. También hemos impulsado el desarrollo del talento a través de algunos programas UNICO como el I+D 5G avanzado de 2021, que incluyó una partida para promover los estudios de ingeniería. La campaña de Teleco Renta promovida por las universidades beneficiarias es fruto de ese programa.

En los últimos años, el COIT ha trabajado para afianzar su función como actor de referencia, neutral e independiente, en el sector. ¿Cómo se ve este papel desde la SETID?

La valoración que hacemos desde la Secretaría de Estado de la labor que desempeña el COIT es muy positiva. Trabajamos codo con codo con los equipos del colegio y con su decana-presidente en la difusión de los servicios de la corporación y, especialmente, en fomentar el valor de las Telecomunicaciones y de sus ingenieros e ingenieras desde todos los enfoques.