«España no puede resignarse a un papel de usuarios cualificados de tecnologías ajenas»

España ha anunciado múltiples planes, observatorios y estrategias en Inteligencia Artificial. En este contexto, ¿cómo definiría hoy la prioridad real del país en materia de IA: investigación, adopción empresarial o soberanía tecnológica?

Nuestra principal prioridad hoy es alcanzar un mayor nivel de soberanía tecnológica al mismo tiempo que garantizamos un despliegue responsable de la IA, con el ciudadano siempre en el centro de todas nuestras políticas.

Esta apuesta combina tres componentes. Primero, tener capacidad real de decidir sobre cómo se diseña y se usa la IA, puesto que afecta a nuestra economía, nuestros derechos y nuestros servicios públicos, e incluso a nuestra forma de entender el mundo, pensar y decidir. En este sentido, podemos decir que la soberanía es un imperativo democrático.

Segundo, reducir la dependencia de terceros respecto de componentes y recursos críticos de la cadena de valor, como semiconductores, infraestructura digital, servicios de nube o modelos y aplicaciones de IA.

Tercero, garantizar que el desarrollo de la IA crea valor para la economía de la UE al mismo tiempo que se garantiza que en el mundo digital mantenemos los derechos ya adquiridos durante tantos años.

 

Tras la irrupción de la IA generativa volvimos a ser de los primeros en actualizar la estrategia de IA con una nueva versión en 2024

 

Y estamos manos a la obra. Fuimos de los primeros países en tener una Estrategia de IA, a finales de 2020, que supuso una inversión de 600 millones de euros en distintos programas enfocados a apoyar la I+D en esta tecnología, la creación de talento, la incorporación de la IA (previa a la generativa) en la industria y en los sectores económicos, y un rol clave en la defensa de los derechos, inicialmente con la Carta de Derechos Digitales, y posteriormente con un claro liderazgo en la aprobación del Reglamento de IA y la generación del primer sandbox de IA.

Tras la irrupción de la IA generativa volvimos a ser de los primeros en actualizar la estrategia de IA con una nueva versión en 2024 con una inversión de 1.500 millones de euros extra, de los que ya hemos movilizado más de 1.000 M€.

Han sido dos años muy intensos de trabajo, pero los resultados son muy fructíferos: hemos conseguido visibilizar a España en el 7º puesto del Global AI Vibrancy Index elaborado por la Universidad de Stanford (Herramienta Global de Vibrancia de la IA), índice destacado que mide y compara la fuerza y desarrollo del ecosistema de IA de 36 países basándose en 42 indicadores.

Desde su perspectiva, ¿en qué ámbitos quiere España ser realmente referente europeo? Sanidad, energía, turismo, sector público, defensa, educación…

Creemos que la IA acabará llegando a todos los sectores, pero algunos de ellos están ya en plena ebullición y la competencia con tecnologías de otros países es grande. Veo con claridad que tenemos que apostar por desarrollar e implementar la IA en el sector sanitario, un sector que se va a ver muy beneficiado por la IA debido a la gran carga asistencial que tiene actualmente. La reducción de cargas administrativas a los médicos, la aceleración de los diagnósticos asistidos por IA y una medicina más personalizada son el futuro próximo.

Otro sector importante es la Administración pública. Las jubilaciones masivas y la necesidad de dar mejor servicio son los grandes retos de la Administración que pueden afrontarse haciendo un uso intensivo de la IA.

A estos sectores se suman nichos industriales en España donde ya existen empresas y proyectos importantes que necesitan mantenerse a la vanguardia tecnológica, como la automoción y movilidad eléctrica, fotónica y microelectrónica avanzada, ciberseguridad, sector agroalimentario o audiovisual.

Ahora bien, las prioridades no se establecen solamente de arriba abajo, sino que derivan también de la creatividad e ingenio de los emprendedores. Si hacemos las cosas bien en los próximos años debería haber sorpresas positivas en ámbitos y sectores en los que ahora mismo no estamos especialmente bien posicionados.

España produce investigación académica en IA, pero tiene dificultades para transferirla. ¿Cuál es el principal cuello de botella, incentivos universitarios, financiación, talento o cultura del riesgo?

Este problema existe, aunque no es singular del ámbito de la IA. España no tiene un problema de producción científica en IA, medida en número de papers, sino de producción de alto impacto y de traducción de esta producción científica en productos competitivos.

Los motivos son múltiples: los incentivos universitarios a la transferencia existen, pero están poco desarrollados; los servicios de apoyo a la creación de patentes y spin-offs que se prestan en muchas universidades consiguen atender las iniciativas que van surgiendo, pero tienen más dificultades para promoverlas. Y aunque existe mucho talento, buena parte del personal investigador todavía no se concibe a sí mismo como un potencial emprendedor o lo ve muy alejado de sus posibilidades.

 

Los resultados son muy fructíferos: hemos conseguido visibilizar a España en el 7º puesto del Global AI Vibrancy Index

 

Pero también creo que hay motivos para el optimismo. Por un lado, los fondos de capital riesgo empiezan a apostar por ‘neolabs’, en ocasiones iniciativas que aún no están constituidas como empresas, más enfocadas a la investigación a largo plazo y a idear las grandes soluciones del futuro que a los beneficios a corto plazo.

Este planteamiento estrecha enormemente la brecha entre la investigación y el mercado y está generando movimientos en el ámbito de la investigación. El crecimiento de la transferencia tecnológica será fruto de la combinación de estos dos factores: mayores incentivos internos y el papel tractor de estos nuevos actores externos.

¿Se están impulsando medidas por parte del Ministerio para premiar la IA aplicada y orientada a resultados industriales (no solo la publicación científica)?

Por supuesto. Por un lado, tenemos programas como IA Excelente para proyectos de investigación y desarrollo en IA de un alto grado de madurez tecnológica, con el objetivo de desarrollar tecnología cercana a la adopción al mercado y con posibilidad de atraer inversión privada.

La creación de las cátedras IA también tiene como objetivo la puesta en marcha de un conjunto de cátedras adscritas a universidades, pero siempre en colaboración con empresas, para desarrollar la IA en distintos campos de aplicación, promover la transferencia de resultados de investigación al tejido productivo y generar una masa crítica de profesionales altamente cualificados que contribuyan a la transición tecnológica de la economía española.

Otra de nuestras grandes iniciativas es la disposición en España de ‘Fábricas de IA’, una iniciativa europea para que los centros de supercomputación ofrezcan capacidad de cómputo en IA de forma gratuita, al mismo tiempo que brindan servicios de aceleración de empresas, formación en IA y de aplicación de la IA en distintos sectores, generando ecosistemas que unen el talento investigador con el mundo empresarial. En España, tendremos dos ‘Fábricas de IA’, una en el Centro Nacional de Supercomputación en Barcelona y otra en el Centro de Supercomputación de Galicia.

Muchas startups españolas de IA no mueren por falta de ideas, sino por falta de grandes clientes. ¿Cómo puede el sector público actuar como primer cliente real de startups de IA?

Es cierto que uno de los retos más importantes de la economía digital española es el escalado de las startups y que, en este sentido, uno de los mejores apoyos que pueden prestar las administraciones públicas es un primer contrato serio a través de la compra pública de innovación, que sirva tanto para fomentar la innovación en el sector público, como para estimular el desarrollo de nuevos mercados desde el lado de la demanda y contribuir a la consolidación y crecimiento de las startups.

Existen en este sentido programas relevantes como la Iniciativa Estratégica de Compra Pública de Innovación (IECPI) del INCIBE o la compra pública de innovación del CDTI. Además, la ‘Hoja de Ruta para la Soberanía Digital en España’ se propone potenciar el uso de estos instrumentos y promover en la UE políticas de compra pública bajo el principio Buy European.

¿Tiene sentido que una startup de IA española tenga que vender fuera antes de ser adoptada en su propio país?

No debería ser la norma, pero yo diría que estas situaciones constituyen una buena y una mala noticia al mismo tiempo. Es una buena noticia porque quiere decir que una empresa española está operando en el mercado global de la IA. Y es una mala noticia porque significa que el nivel de adopción de la IA en España es más bajo que en ese otro país en el que se está comercializando este producto.

No obstante, también hay que tener en cuenta que a menudo la oferta induce la demanda y que este mismo producto probado y comercializado en otros países puede luego ser adoptado por empresas españolas. Por tanto, si hablamos de startups exportadoras españolas, cuantas más, mejor.

¿Qué está fallando más hoy en el ecosistema? ¿la financiación en fases de escalado, el acceso a datos, la regulación o la falta de ambición empresarial?

Como comentaba anteriormente, según el Global AI Vibrancy Ranking elaborado a partir de los datos del AI Index de Stanford (datos 2024), España es el 7º país del mundo en competitividad en IA, por delante de Japón, Francia, Canadá y Alemania, y el segundo mejor de Europa, solo por detrás del Reino Unido. Se trata de un índice que agrega desde la inversión en I+D, a talento y educación, inversión y medidas de gobernanza e IA responsable.

Esto no quiere decir que no tengamos grandes retos ante nosotros, y en este sentido, los cuatro factores mencionados son claves. Creo que el mayor cuello de botella, como decía antes, está en la fase de escalado: el informe de 2025 del ‘Spanish Tech Ecosystem’ señala que el ritmo de creación de nuevas empresas en IA y el volumen de inversión de capital riesgo en España es alto, pero que el reto lo tenemos en mejorar la tasa de startups que escalan a fases más avanzadas o que llegan a convertirse en unicornios.

 

Creemos que la IA acabará llegando a todos los sectores, pero algunos de ellos están ya en plena ebullición y la competencia con tecnologías de otros países es grande

 

Tampoco debemos olvidar que a escala global nuestro ámbito de soberanía es la Unión Europea, y a este nivel el gran reto es el déficit de gigantes tecnológicos europeos.

Difícilmente podemos emular a Estados Unidos, porque el nivel de inversión privada en IA en Europa es sustancialmente inferior, aproximadamente de 10 a 1, por lo que la apuesta pasa por una mayor inversión pública en grandes infraestructuras públicas y en fondos de capital riesgo tecnológico que faciliten la creación y crecimiento de estas grandes empresas.

Sobre esta cuestión me gustaría destacar el proyecto de gigafactorías de IA para crear, al menos, cuatro o cinco grandes gigantes tecnológicos en Europa, en una iniciativa que movilizará 200.000 millones de euros entre capital público y privado.

También es destacable el proyecto IPCEI-AI, al que hemos dedicado 100 millones de euros para impulsar proyectos tecnológicos españoles que refuercen la soberanía digital europea. Se trata de una iniciativa estratégica de colaboración público-privada en toda la cadena de valor de la IA, desde la investigación y el desarrollo hasta el primer despliegue industrial. Se han seleccionado ya nueve proyectos españoles que se presentarán a la Comisión Europea, y las compañías seleccionadas deberán establecer alianzas con socios en otros países miembros de la UE para escalar su proyecto y asegurar un impacto europeo real.

Finalmente, otro factor muy relevante es el grado de adopción de la IA en las empresas, y aquí no debemos olvidar que España comparte con otros países del sur de Europa una estructura productiva con un peso extraordinario de las pymes y microempresas, que se enfrentan a barreras específicas para la adopción de la IA, como la elevada inversión inicial, los costes fijos de implementación, la gran cantidad de datos necesarios para aprovechar las aplicaciones de IA o la falta de personal cualificado.

Es necesario acompañar e incentivar el uso de la IA entre las pymes para que no vayan con retraso en una tecnología con un enorme potencial tanto para incrementar la productividad como para ofrecer mejores y mayores servicios a la ciudadanía.

 

 

El AI Act busca proteger derechos, pero muchas empresas lo perciben como un freno. ¿Cómo se evita que la regulación mate la experimentación antes de que exista valor?

El Reglamento de IA es un hito muy importante por el que la UE ha adoptado un perfil propio frente a la autorregulación predominante en Estados Unidos y el énfasis en el control de contenidos que vemos en China.

Supone pasar de un marco basado casi exclusivamente en principios éticos generales a una regulación vinculante, con obligaciones claras, responsabilidades definidas y un régimen sancionador.

Esto es muy positivo por tres razones que me gustaría destacar. Primero, protege los derechos de los ciudadanos; segundo, ofrece un marco flexible que trata de equilibrar las obligaciones con los riesgos, que no son homogéneos en todas las aplicaciones de la IA: a mayor riesgo para la salud, la seguridad o los derechos fundamentales, más estrictas son las obligaciones para quienes desarrollan y despliegan sistemas de IA. En tercer lugar, ofrece un marco de seguridad jurídica que facilita la innovación.

El trabajo y el reto se sitúa ahora en la implementación: cómo articular el Reglamento con otras normas para construir un ecosistema coherente de protección de derechos en la era de la IA; cómo calibrar continuamente este grado de flexibilidad y ponderación entre riesgos y obligaciones a medida que surjan nuevas aplicaciones, usos o riesgos, y cómo facilitar la aplicación de la norma. En este sentido, la constitución pionera de la AESIA en España es un buen instrumento para informar, orientar y acompañar a las empresas en el cumplimiento normativo y reducir las incertidumbres.

¿Está España preparada para sandboxes regulatorios útiles para pymes?

España ha pasado de hablar de innovación regulatoria a poner en marcha el primer piloto europeo de sandbox regulatorio de IA de alto riesgo con casos reales. Esto ha permitido que pymes y startups probaran sistemas en un entorno supervisado, entendieran las exigencias del Reglamento de IA e introdujeran correcciones antes de entrar en producción.

En total, se seleccionaron 12 sistemas de IA de alto riesgo en mercado o en niveles de madurez elevados entre un total de más de 44 solicitudes de diferentes proveedores de sistemas de IA. Así que creo que estamos bien preparados para, como continuación de este piloto, poner en marcha el sandbox de IA de acuerdo con la obligación que establece el propio Reglamento.

¿Existe el riesgo de que Europa legisle sobre una IA que no desarrolla? ¿Qué papel puede jugar España para evitarlo?

El riesgo de que Europa quede atrás en IA existe porque partimos de una posición de desventaja frente a Estados Unidos y China. Sin embargo, tenemos todas las cualidades necesarias para poder revertir la situación: disponemos de un gran mercado (más de 500 millones de ciudadanos), enorme talento y mucha energía (España es soberana en energía). Creemos en una IA responsable y estamos convencidos de que las empresas tecnológicas europeas tienen un gran potencial de crecimiento cumpliendo las reglas que protegen los derechos y la privacidad de los ciudadanos.

España habla mucho de talento digital, pero apenas se menciona el pensamiento crítico sobre IA. ¿Estamos formando usuarios, ingenieros o ‘pensadores’ de la tecnología?

Esto es muy importante porque la IA no es una tecnología más que está al servicio de las prácticas sociales existentes, sino que también las prefigura y las modifica.

Los sistemas de recomendación reordenan la información que vemos; los modelos de lenguaje condicionan cómo escribimos, investigamos o argumentamos, y distintos diseños de la IA sirven distintos objetivos e ideales de sociedad.

 

El Reglamento de IA supone una regulación vinculante, con obligaciones claras, responsabilidades definidas y un régimen sancionador

 

Elegir uno u otro camino no es una decisión puramente técnica; es también una decisión política que requiere un debate democrático informado con la participación de pensadores de la tecnología.

También requiere ciudadanos formados y críticos. No se trata solamente de poner el foco en la seguridad y robustez de los sistemas, en la buena gobernanza de los datos, en la transparencia, la explicabilidad y las auditorías independientes, sino también en la educación en IA para toda la ciudadanía, en promover el pensamiento crítico, en no delegar por comodidad nuestra capacidad de juicio en las máquinas, en contrastar la información generada por IA y en acostumbrarnos a usar diversas fuentes y diversas IA. Es un debate necesario que trasciende las apelaciones genéricas a la ética o a la alineación de la IA con los valores humanos.

Creo que en España contamos con expertos de reputación internacional. Parte de las Cátedras de IA tratan precisamente sobre estos temas, y la AESIA está a punto de lanzar un think & do tank precisamente con el objetivo de facilitar esta conversación pública y conectarla con la toma de decisiones.

Si tuviera que señalar un error grave que España no puede permitirse en los próximos cinco años en materia de IA, ¿cuál sería?

El error que no nos podemos permitir es resignarnos a un papel de usuarios cualificados de tecnologías ajenas, por pragmatismo o autocomplacencia. El riesgo no es tanto ir por detrás en la carrera, sino consolidar una posición crónica de dependencia de un número muy reducido de grandes empresas que definan la agenda tecnológica mientras que nosotros nos limitemos a aportar talento y datos, con escasa capacidad de decisión. Como dijo el primer ministro de Canadá en el Foro de Davos, o nos sentamos en la mesa o seremos parte del menú.

Dentro de cinco años ¿qué tendría que haber pasado para decir que España no perdió el tren?

Primero, que existan varias scale-ups españolas de IA operando a nivel europeo. Si, además, tenemos constancia de que el uso de la infraestructura pública, el paso por las fábricas de IA o los fondos de capital riesgo públicos han facilitado su creación y crecimiento, la satisfacción será doble.

Segundo, que Europa cuente con algunos gigantes tecnológicos y que el ejercicio de la soberanía europea en infraestructuras, servicios de nube y modelos empiece a ser real.

Tercero, que el nivel de adopción de la IA en las empresas españolas, especialmente las pymes, supere el 70% (ahora mismo estamos alrededor del 20% en las empresas de más de 10 trabajadores).

Parte del éxito también sería que buena parte de estas empresas estuvieran usando la IA no tanto para reducir costes como para innovar y ampliar la oferta de bienes y servicios, que es lo que la evidencia internacional nos indica que induce un crecimiento más significativo.

Finalmente, que la Administración pública haya iniciado un proceso de transformación profunda apoyándose en la IA para hacer más sencillo e intuitivo el acceso a ayudas, prestaciones, contratos y a todos los servicios públicos. En este caso la IA no es una mera opción tecnológica sino una necesidad organizativa.