«La financiación de las tecnologías e infraestructuras digitales es más importante que nunca»

¿Podría explicarnos los principales aspectos de la visión de la Comisión sobre la transformación digital de la Unión Europea? ¿Cómo avanza la visión digital para Europa presentada en marzo de 2021, la llamada ‘hoja de ruta digital para la década 2021-2030’? ¿Cuáles son hoy los principales retos y dificultades para aplicar esta visión?

La propuesta de decisión por la que se establece el programa de políticas ‘Itinerario hacia la Década Digital’, adoptada por la Comisión en septiembre de 2021, tiene por objeto aplicar la denominada «Brújula para la Década Digital» de marzo de 2021, que será el primer instrumento de gobernanza global de la Unión para garantizar que los Estados miembros avancen juntos para alcanzar metas y objetivos digitales comunes para la transformación digital de la UE, como la resiliencia, la sostenibilidad o la soberanía.

En particular, el programa fija 16 objetivos concretos en torno a cuatro puntos clave: una población con capacidades digitales y profesionales del sector digital altamente cualificados, infraestructuras digitales sostenibles seguras y eficaces, transformación digital de las empresas y digitalización de los servicios públicos.

Teniendo en cuenta las hojas de ruta estratégicas nacionales, el comienzo del ciclo anual de medidas lo marcará, cada año, la publicación de un ‘Informe sobre el estado de la Década Digital’, basado en el actual índice DESI. El informe anual evaluará los avances colectivos realizados en la consecución de los objetivos digitales y podrá incluir acciones, medidas y políticas recomendadas dirigidas a los Estados miembros en aquellos ámbitos en los que no se haya avanzado lo suficiente.

La actual situación geopolítica en Ucrania ha reforzado aún más la necesidad de que la UE sea más resiliente, más soberana y más competitiva para llevar a cabo sus transiciones ecológica y digital. La financiación de las tecnologías e infraestructuras digitales es más importante que nunca, y también la adaptación del marco reglamentario a la Estrategia de Ciberseguridad, la Ley de Chips, la Ley de Mercados Digitales y la Ley de Servicios Digitales. La Comisión está dispuesta a hacer frente a todos estos retos y a trabajar intensamente con el Consejo y el Parlamento para garantizar que todas estas iniciativas se concluyan rápidamente y se traduzcan en acciones concretas sobre el terreno.

España ha dedicado el 28,2 % de su plan del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a apoyar su transición digital, lo que representa 19.600 millones de euros

Por último, ante la actual crisis sin precedentes, me gustaría mencionar la necesidad de una respuesta europea rápida y coordinada para garantizar que los refugiados ucranianos en Europa puedan estar en contacto con sus seres queridos, pero también para hacer frente a la propagación de la desinformación rusa. La Comisión acoge con gran satisfacción las iniciativas voluntarias inmediatas de tantos operadores europeos de los Estados miembros para facilitar la comunicación a quienes sufren las consecuencias de esta terrible guerra. Me congratulo de que los operadores ya hayan emprendido diversas prácticas en apoyo de los refugiados ucranianos, como reducir o eliminar los costes de itinerancia o los de las llamadas internacionales.

La comunicación es esencial en este momento. Estas medidas, y otras, como la prestación gratuita de servicios wifi en los campos de refugiados y la distribución de tarjetas SIM, son, por lo tanto, importantes iniciativas desinteresadas de los operadores. Son una señal concreta de solidaridad con el pueblo ucraniano mostrada por las empresas de la UE. La Comisión, junto con los reguladores nacionales, desempeña un papel activo para apoyar a los operadores europeos y facilitar un enfoque coordinado.

¿En qué situación se encuentran las infraestructuras digitales y de telecomunicaciones de Europa? ¿Cómo van a mejorar en los próximos años?

A finales de junio de 2020, el 59,3% de los hogares de la UE estaban conectados por redes FTTP o por redes de cable DOCSIS 3.1, es decir, por tecnologías capaces actualmente de soportar velocidades de gigabit. Este parámetro se introdujo por primera vez en 2019 con el nombre de ‘Redes de muy alta capacidad’ (VHCN en sus siglas inglesas). La cobertura combinada de las redes FTTP y DOCSIS 3.1 creció significativamente, aumentando en 9,6 puntos porcentuales, en comparación con mediados de 2019.

La cobertura de banda ancha rural siguió siendo inferior a la cobertura nacional en todos los Estados miembros de la UE. A mediados de 2020, el 89,7 % de los hogares rurales de la UE disponían de al menos una tecnología de banda ancha fija, y casi dos tercios (59,8 %) tenían acceso a servicios de alta velocidad de próxima generación. La cobertura de red de banda ancha de próxima generación (NGA) en el mundo rural ha ido aumentando a un ritmo constante, con un crecimiento interanual de 5,7 puntos porcentuales, lo que, en comparación con finales de junio de 2019, equivale a casi 1,8 millones de hogares rurales adicionales con acceso a servicios de banda ancha NGA.

A finales de junio de 2020, la cobertura de las redes móviles LTE alcanzaba a casi todos los hogares de la UE (99,6 %). Aunque los datos oficiales sobre la cobertura 5G siguen siendo limitados, el equipo de investigación estima que el 13,9 % de los hogares de la EU-27 estaban conectados a redes 5G a finales de junio de 2020.

Además del programa de medidas de la Década Digital y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (del que hablaremos más adelante), merece también la pena mencionar el capítulo digital del Mecanismo ‘Conectar Europa’ (MCE). Con un presupuesto de 2.000 millones de euros, el MCE Digital es el primer programa del marco plurianual 2021-2027 gestionado directamente por la Comisión Europea, a través de su agencia ejecutiva HADEA, y está concebido para el despliegue de la conectividad de gigabit y 5G. El MCE Digital financia los corredores 5G para apoyar acciones de despliegue de sistemas 5G a lo largo de las vías de transporte para lograr la movilidad conectada y automatizada (CAM), incluidos los servicios de seguridad y no seguridad.

¿Cómo piensa abordar problemas como el número excesivo de operadores de telecomunicaciones o el papel de las empresas over-the-top (OTT) o de transmisión libre?

En efecto, hay muchos operadores de telecomunicaciones en Europa. Sin embargo, por lo que se refiere a los mercados móviles, por ejemplo, no hay, por lo general, más de tres o cuatro operadores en los distintos Estados miembros. Además, aunque la práctica ha demostrado que la Comisión rara vez se opone a las consolidaciones paneuropeas, el interés por estas operaciones entre los operadores parece bastante bajo. En cuanto a la consolidación a nivel nacional, cada situación requiere un análisis caso por caso para garantizar el mantenimiento de una competencia abierta y leal, que es esencial para la innovación y las inversiones. El marco legislativo europeo, actualizado recientemente con el nuevo Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, ofrece a todos los operadores las mismas herramientas para destacar en un entorno competitivo. La Comisión trabaja constantemente para garantizar una mejor calidad de los servicios a un mejor precio para los consumidores de la UE, fomentando al mismo tiempo la innovación.

La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto una nueva ‘pobreza digital’

En cuanto a las OTT, y en el contexto de la necesidad de inversiones en redes, recientemente se ha pedido que las empresas que generan la mayor parte del tráfico de datos contribuyan de manera justa a los costes. Es cierto que el creciente uso de los servicios digitales ha dado lugar a un aumento del tráfico de datos en su conjunto, lo que es aún más evidente en el caso del tráfico de vídeo, que ha aumentado 10 o incluso 20 veces en algunas partes del mundo y representa en la actualidad aproximadamente el 60 % del tráfico mundial; sin embargo, la relación entre los proveedores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas y los proveedores de contenidos es simbiótica. Por una parte, las inversiones en redes son necesarias para satisfacer la demanda de contenidos; por otra parte, la disponibilidad de contenidos aumenta la demanda de más y mejores redes y servicios de comunicaciones electrónicas por parte de los usuarios.

Las relaciones entre los proveedores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas y los proveedores de contenidos son de carácter comercial y se definen de común acuerdo entre las partes. Estas relaciones suelen incluir algunas contribuciones y pagos. En este contexto comercial, debe también tenerse en cuenta la demanda de contenidos como un factor impulsor de los servicios de comunicaciones electrónicas.

¿En qué aspectos de la transformación digital serán más visibles las inversiones de los Fondos de Recuperación Europeos NextGeneration?

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) va a dar un inmenso impulso al desarrollo de infraestructuras. El MRR permite a la Comisión recaudar fondos para ayudar a los Estados miembros a realizar reformas e inversiones. El 20% del importe total se ha reservado a la transición digital. El 27% de las inversiones de los planes nacionales contribuye a la transición digital, superando el 20% asignado al sector digital. España está, incluso, por encima de esta media y ha dedicado el 28,2 % de su plan del MRR a apoyar su transición digital, lo que representa 19.600 millones de euros. En cuanto a la conectividad, España ocupa ya el tercer puesto de la clasificación europea (DESI), con un historial especialmente bueno en términos de despliegue de redes de muy alta capacidad y, en particular, de fibra hasta las instalaciones (FTTP).

La inversión adicional prevista por España debe contribuir a reducir la actual brecha de conectividad entre las zonas urbanas y rurales.

En un mundo globalizado, ¿en qué ámbitos considera que la transformación digital de las empresas europeas es esencial para mejorar su competitividad? ¿Podremos mantener un papel de liderazgo frente a los Estados Unidos y China?

De hecho, los esfuerzos de la Comisión por la transformación digital de la UE reconocen la importancia de la competitividad de las empresas de la UE. En este contexto, resulta especialmente pertinente que el Reglamento sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia prevea reformas e inversiones en tecnologías, infraestructuras, capacidades y procesos digitales para mejorar la competitividad global de la Unión y contribuir a hacerla más resiliente, más innovadora y menos dependiente mediante la diversificación de las cadenas de suministro clave. En particular, las reformas y las inversiones deben promover la digitalización de los servicios y el desarrollo de infraestructuras digitales y de datos, agrupaciones (clusters) y centros de innovación digital, y soluciones digitales abiertas. La transición digital también debe incentivar la digitalización de las pymes.

Es imperativo garantizar que todos los ciudadanos y empresas de Europa puedan aprovechar la transformación digital para una vida mejor y más próspera

¿Cómo avanza la digitalización de los servicios y las administraciones públicas en Europa?

La tasa media de crecimiento de la disponibilidad de servicios públicos básicos en línea en los últimos cinco años es del 2,4%. Si se mantiene esta tendencia, en 2030 la puntuación se situaría en 95,5 sobre 100. Las inversiones en contratación pública de soluciones innovadoras basadas en las TIC representan el 4 % del total de la contratación pública en toda Europa, pero se necesita un nivel del 10 % para lograr una modernización a gran velocidad de los servicios públicos. Existe un amplio consenso en cuanto a que la superación de estos obstáculos requiere más inversión pública, más cooperación público-privada y una gobernanza más sólida para orientar la acción de la UE y de los Estados miembros. Este es precisamente el objetivo del Itinerario hacia la Década Digital.

¿Cómo se está avanzando en la Estrategia Europea de Gestión de Datos?

Esta estrategia, que se puso en marcha en febrero de 2020, expone la visión de crear un espacio único europeo de datos: un auténtico mercado interior de datos, en el que los datos fluyan libremente entre sectores y países, respetando las normas y los valores europeos, y en el que la sociedad asuma la innovación basada en los datos, al tiempo que se minimiza la huella humana, medioambiental y de carbono. Para hacer realidad esta visión, la UE está combinando activamente actuaciones políticas en este sentido y propuestas legislativas horizontales con inversiones en normas, herramientas e infraestructuras, así como competencias para el tratamiento de datos.

La propuesta de Ley de Gobernanza de Datos, adoptada el 25 de noviembre de 2020, que pondrá a disposición e intercambiará más datos en la UE, en todos los sectores y Estados miembros, y velará por que los europeos mantengan el pleno control de sus datos. El 30 de noviembre de 2021, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo alcanzaron un compromiso político a este respecto.

La Ley de Gobernanza de Datos aumentará la confianza en el intercambio de datos mediante la regulación de organizaciones (por ejemplo, con intermediarios de datos neutrales y organizaciones de gestión de datos sin fines de lucro) que reúnan a los propietarios y a los usuarios de los datos. Estos intermediarios de datos, que son esenciales para los futuros ámbitos de los datos personales y la organización de los ‘espacios comunes europeos de datos’, permitirán a los ciudadanos y a las empresas controlar sus datos más fácilmente y decidir con más precisión quién tendrá acceso a sus datos y con qué fin. De este modo, se potenciará la soberanía digital de Europa en el ámbito de los datos. Las medidas propuestas en la Ley de Gobernanza de Datos se ajustan a los valores europeos y los derechos a la intimidad, especialmente por lo que se refiere al Reglamento General de Protección de Datos, y no los cambian de ninguna manera.

Solo el 56 % de la población europea posee capacidades digitales básicas. El objetivo de la UE para 2030 es que sean al menos el 80%

Más recientemente, la propuesta de Ley de Gobernanza de Datos se adoptó el 23 de febrero de 2022. El objetivo clave de esta ley es procurar la equidad en la asignación del valor de los datos entre los distintos agentes de la economía de los datos. La ley regulará el acceso a los datos y su utilización, aclarando quién puede usarlos y en qué condiciones. La Ley de Gobernanza de Datos contribuirá a mejorar significativamente las condiciones de acceso y uso de los datos en el mercado interior, sin alterar la legislación en materia de protección de datos y sin limitar indebidamente los incentivos a la inversión en la generación de datos.

¿Qué enfoque y medidas está desarrollando la Comisión Europea para estructurar un marco general para el futuro respecto a la Inteligencia Artificial en el entorno europeo? ¿Cuáles son los principales retos tecnológicos y éticos?

El 21 de abril de 2021, la Comisión Europea adoptó una propuesta de Reglamento europeo sobre la Inteligencia Artificial que forma parte de un paquete más amplio en el que se refleja el doble enfoque de la UE con respecto a la Inteligencia Artificial: queremos desarrollar y promover la inteligencia artificial, pero también queremos tratar los problemas que puede causar a los derechos fundamentales y a la seguridad. El recurso a la Inteligencia Artificial también crea riesgos que deben abordarse debido a la opacidad de muchos algoritmos, lo cual, a menudo, hace imposible determinar por qué un sistema de Inteligencia Artificial ha llegado a un resultado concreto. En consecuencia, puede resultar difícil o incluso imposible corregir errores si no se han adoptado medidas especiales que permitan tales correcciones. Esta es la razón por la que la propuesta de la Comisión prevé fijar ciertos requisitos para determinadas aplicaciones de inteligencia artificial, no para impedir que se creen, sino para asegurarse de que se desarrollan con arreglo a normas estrictas en materia de derechos fundamentales y de seguridad.

¿En qué punto está la Ley de Servicios Digitales y qué destacaría especialmente al respecto?

La Comisión adoptó su propuesta legislativa de Ley de Servicios Digitales en diciembre de 2020 y los colegisladores, el Parlamento Europeo y el Consejo, están debatiendo actualmente esta propuesta. En esta fase del proceso legislativo, la Comisión actúa como un ‘intermediario honesto’ que facilita los compromisos entre ambas instituciones.

La Comisión acoge con satisfacción la voluntad de los colegisladores de alcanzar un compromiso rápido en lo que respecta a la Ley de Servicios Digitales, así como a la Ley de Mercados Digitales, lo cual demuestra que existe una amplia convergencia en cuanto a la necesidad de procurar que los Reglamentos entren en vigor y empiecen a dar resultados lo antes posible.

La propuesta de Ley de Servicios Digitales incluye un conjunto único de normas horizontales sobre las prácticas de moderación de contenidos de las plataformas en línea, especialmente la retirada de contenidos ilícitos y su interacción con la libertad de expresión y un debate público saludable y bien informado.

Al mismo tiempo, la Ley de Servicios Digitales propone un enfoque regulatorio asimétrico, centrado en una intervención más específica cuando se considere más necesaria. Además, crea un régimen específico para las plataformas en línea de gran tamaño, las que tienen el mayor alcance y el mayor impacto en nuestras sociedades, que se basa en el requisito de evaluar y paliar los riesgos sistémicos que puedan crear sus servicios. Gracias a este enfoque, la Ley de Servicios Digitales sigue siendo proporcionada y adaptable a posibles problemas futuros.

¿Y qué ocurre con la Ley de Mercados Digitales?

La propuesta de la Comisión de una Ley de Mercados Digitales trata dos cuestiones principales que plantean estos mercados: la falta de disputabilidad de los mercados y las prácticas desleales de los guardianes de acceso. Lo que puede calificarse de ‘especial’ de la Ley de Mercados Digitales es que es conceptualmente simple, ya que identifica los servicios digitales básicos que entran en su ámbito de aplicación, define las características que hacen de un proveedor de servicios un ‘guardián de acceso’, introduce normas y obligaciones previas para tales guardianes y establece sanciones en caso de incumplimiento de dichas obligaciones.

Hay dos aspectos de la Ley de Mercados Digitales que nos gustaría destacar aquí. Uno es la atención especial que se presta a los guardianes de acceso. Los guardianes de acceso son grandes plataformas en línea que mantienen una posición de puerta de acceso entre los usuarios profesionales y los usuarios finales.

Los artículos 2 y 3 de la Ley de Mercados Digitales son fundamentales a este respecto. En el artículo 2 se enumera una serie de servicios de plataformas básicas, como los servicios de intermediación en línea, los motores de búsqueda en línea o las redes sociales en línea, en los que la Comisión Europea ha constatado que los efectos negativos de los factores problemáticos son más flagrantes. El artículo 3 define a los guardianes de acceso como aquellos que tienen una repercusión significativa en el mercado interior, operan al menos un servicio de plataforma básica y tienen una posición afianzada y duradera o es previsible que alcancen esta posición en un futuro próximo. Además, el artículo 3 establece umbrales cuantitativos para designar a los guardianes de acceso.

El segundo aspecto se refiere a la lista de lo que debe y no que debe hacerse: una vez que la plataforma en línea ha sido designada como guardián de acceso, debe cumplir una serie de obligaciones y prohibiciones establecidas en los artículos 5 y 6.

Globalmente, la Ley de Mercados Digitales se presenta como un conjunto de normas comunes para el mercado único que impulsarán la innovación, el crecimiento y la competitividad, al tiempo que dan margen para que las plataformas en línea y las pymes competidoras se expandan en los mercados digitales.

¿Cómo se pretende resolver el problema de los avances a distintas velocidades de los 27 países miembros de la UE y los desequilibrios del mercado común digital que ello conlleva?

El mecanismo de gobernanza integrado en el Itinerario hacia la Década Digital, que se ha mencionado anteriormente, tendrá que desempeñar un papel esencial en este ámbito. Este proceso de cooperación, centrado en los Estados miembros, procurará incentivar a todos los Estados miembros a hacer todo lo posible por alcanzar los objetivos comunes de la UE, independientemente de su posición de partida, y a colaborar entre sí.

¿Cómo aborda la Comisión Europea las diversas brechas digitales: de género, entre hombres y mujeres; territorial, entre las zonas urbanas y los entornos rurales; generacional, entre jóvenes y mayores, y de riqueza, entre los distintos estratos sociales?

A este respecto, la crisis de la COVID-19 puso de relieve las brechas digitales que persisten, no solo entre las zonas urbanas bien conectadas y los territorios rurales y remotos, sino también entre aquellos que pueden beneficiarse plenamente de un espacio digital amplio, accesible y seguro, con toda una gama de servicios, y los que no pueden hacerlo. Surgió una brecha similar entre las empresas que ya pueden aprovechar todo el potencial del entorno digital y las que aún no están plenamente digitalizadas. En este sentido, la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto una nueva ‘pobreza digital’, por lo que es imperativo garantizar que todos los ciudadanos y empresas de Europa puedan aprovechar la transformación digital para una vida mejor y más próspera. Son precisamente estos objetivos los que pretende alcanzar la visión de la Comisión sobre la transformación digital, tal como se recoge en el Itinerario hacia la Década Digital.

¿Dispone la sociedad europea de capacidades digitales suficientes para hacer frente a la transformación digital que se necesita actualmente? ¿Cuáles son hoy los puntos débiles de estas capacidades y cómo avanza la idea de la ‘ciudadanía digital’?

Hoy más que nunca, las competencias digitales son esenciales en todos los aspectos de nuestra vida y los últimos dos años han subrayado aún más su importancia. Sin embargo, datos recientes muestran que solo el 56 % de la población europea posee capacidades digitales básicas. Si queremos asegurarnos de que todos los europeos puedan beneficiarse de una sociedad digitalizada, debemos conseguir que más personas estén dotadas de estas capacidades necesarias. En la Comunicación sobre la Década Digital, la Unión Europea fijó el objetivo de que, para 2030, al menos el 80 % de los europeos posean al menos las capacidades digitales básicas. Alcanzar esta meta tan ambiciosa requiere inversiones y reformas importantes, tanto a escala local como nacional y europea.