Diana Morant
Ministra de Ciencia e Innovación
«La I+D+I es el eje del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de nuestro país»
Desplegar la nueva Ley de Ciencia, la Tecnología y la Innovación es la prioridad principal del ministerio que dirige la Ingeniera de Telecomunicación Diana Morant. Una de sus bases fundamentales es potenciar la I+D+I y aumentar la transferencia de conocimientos entre el mundo académico y las empresas que desarrollan las aplicaciones reales que llegan al mercado y benefician a la sociedad. Para ello ya se ha puesto en marcha el Plan de Transferencia, que cuenta con un presupuesto de 1.200 millones de euros para 2023.
A grandes rasgos, ¿cuáles son los principales retos y proyectos del Ministerio de Ciencia e Innovación para los próximos años?
Hoy el principal reto del ministerio es desplegar la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que aprobamos el pasado mes de septiembre sin ningún voto en contra.
A diferencia del gobierno del PP, que guardó en un cajón la ley de 2011, nosotros nos hemos centrado en diseñar y aplicar un marco de seguridad para la investigación científica y el desarrollo tecnológico en nuestro país; un ámbito, el de la I+D+I, que este Gobierno ha priorizado, destinándole la mayor inversión de la historia de España y situándolo como eje del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de nuestro país. Y estamos volcados en su desarrollo desde el minuto cero.
Hoy, cuando han pasado seis meses de la aprobación de la ley, ya están funcionando distintos instrumentos que contempla la norma con el fin de fortalecer nuestro sistema público de Ciencia, Tecnología e Innovación, como pilar fundamental de nuestro estado de bienestar. Hablo, por ejemplo, del Plan de Atracción y Retención de Talento, del Plan de Transferencia y Colaboración o de los Planes Complementarios de I+D en áreas estratégicas, cofinanciados y cogestionados entre el Estado y las comunidades autónomas. Y acabamos de presentar el programa FORTALECE, un nuevo programa de financiación de la ciencia más flexible y menos burocrático para fortalecer los grupos de investigación.
Ya hemos empezado a ser un país con más y mejores oportunidades para trabajar en ciencia e innovación y hemos de seguir por este camino. Hoy, en España, la comunidad científica e investigadora está saliendo de la precariedad a la que había estado abocada, especialmente durante una década de recortes y abandono por parte del PP, que derivó en la conocida como fuga de cerebros. Hoy hemos pasado de expulsar talento a recuperarlo, creando empleo y ampliando derechos.
El principal reto del ministerio es desplegar la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, aprobado sin ningún voto en contra
Más allá del gran reto de alcanzar el 1,25% del PIB en 2030 (3% junto a la inversión privada) de la I+D para 2030, ¿cuáles serían los aspectos que consideras más relevantes en la reciente reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación?
Lo más relevante para nuestro Gobierno siempre es aquello que consiga mejorar la vida de las personas, que son el centro de nuestras políticas. Con la Ley de la Ciencia, protegemos y cuidamos a quienes nos protegen y nos cuidan, nuestra comunidad científica e innovadora. Desde hoy, por ley, disfrutan de derechos que antes no tenían, como disponer, por norma, de contratos indefinidos (vivían encadenando contratos temporales), el derecho a la indemnización al finalizar los contratos predoctorales y postdoctorales, permisos de conciliación que no les penalicen en su carrera profesional o todo un despliegue de medidas que garanticen que hombres y mujeres puedan progresar en su trabajo en condiciones de igualdad.
Otro aspecto relevante de la ley es que crea un marco de confianza para favorecer que las empresas españolas incorporen el conocimiento científico y las tecnologías en sus estrategias de negocio, como factor fundamental para su crecimiento, competitividad y transformación ecológica y digital. Necesitamos el apoyo de las empresas, incentivar más y mejor su inversión en I+D+I desde un nuevo rol de Estado emprendedor, para pasar de ser un país comprador de innovación a ser un país productor y exportador de las soluciones del futuro, como las energías verdes, los medicamentos de precisión, los vehículos eléctricos o los chips.
Estamos orientando nuestras políticas científicas y de innovación en base a una forma de entender la sociedad basada en valores como la justicia, la igualdad o la solidaridad. Por eso, la ley también contempla un aspecto trascendente que muchas veces pasa desapercibido: la concepción de la ciencia como bien común, que ha de generar conocimiento, oportunidades y soluciones que lleguen al conjunto de la sociedad, y que ha de contribuir a cohesionar social y territorialmente nuestro país.
Hoy hemos pasado de expulsar talento a recuperarlo
Concretamente, ¿cómo se va a desarrollar el ‘Plan de transferencia y colaboración: la ciencia y la innovación al servicio de la sociedad’ aprobado recientemente?
Hace algo más de dos meses empezó a andar el nuevo Plan de Transferencia, que está desplegando 15 medidas clave para convertir el conocimiento que generan nuestros científicos y científicas en productos y servicios que llegan al mercado y mejoran la vida de la gente. Recientemente hemos presentado, por ejemplo, el nuevo hub de Innovación Abierta CONVERGE del CSIC, la mayor institución de la investigación pública española. Se trata de una nueva plataforma que impulsará las conexiones entre todos los agentes del ecosistema de la innovación –los centros de investigación, las universidades, las empresas, las administraciones públicas y la sociedad– para desarrollar, en colaboración y de forma más ágil, soluciones basadas en el conocimiento.
El Plan de Transferencia cuenta con un presupuesto de 1.200 millones de euros para 2023, que irá mejorándose anualmente a partir de evaluaciones continuas. Este plan se desarrolla en tres ejes para avanzar en tres propósitos. Uno es estimular la transferencia de conocimiento a través de distintos canales, como la creación de nuevas empresas de base científica, las licencias de patentes, la ciencia abierta y el asesoramiento científico para avanzar en una política basada en evidencias. Otro es fomentar la colaboración para la innovación entre las empresas y las universidades o centros de investigación, también durante la fase de generación de conocimiento, así como aumentar las ayudas a proyectos de ciencia ciudadana, que son aquellos en los que la sociedad se involucra directamente en el proceso colectivo de la innovación. Y el tercer eje se centra en mejorar la capacitación y desarrollo del ecosistema. Hemos de saber construir ese puente que une a la academia con la empresa, profesionalizar la construcción de ese vínculo.
El Plan de Transferencia cuenta con un presupuesto de 1.200 millones de euros para 2023
España cuenta con un ecosistema amplio y robusto de universidades. ¿Qué papel le toca jugar al mundo académico en el avance en investigación y desarrollo?
Las universidades desempeñan un papel protagonista en el avance de la ciencia y la innovación en España, puesto que en ellas se genera el 70% de la investigación que se produce en nuestro país. En su día, el sexenio de investigación logró estimular la actividad científica en las universidades y estoy convencida de que las nuevas medidas que se fijan ahora por ley, como el sexenio de transferencia, ayudarán en su gran reto de abrirse a las empresas y a la sociedad para colaborar en la creación de soluciones innovadoras ancladas en el conocimiento científico.
Hay que recordar que las universidades son financiadas por las comunidades autónomas, que deben ser corresponsables, junto al Estado, en este tiempo revolucionario que dentro de una década recordaremos como un punto de inflexión para la I+D+I en España.
¿De qué manera podemos evitar la ‘fuga de talento’ que tanto penaliza a la investigación en España? ¿Cómo se va a crear más empleo de calidad y altamente cualificado en ciencia e innovación?
Para evitar que el talento abandone nuestro país hemos de hacer justo lo contrario de lo que hicieron los Gobiernos del PP durante una década. Solo en la segunda legislatura de Rajoy se destruyeron más de 10.000 plazas de personal de investigación, se congelaron los salarios de nuestros científicos, se recortaron las ayudas para proyectos y centros de investigación, se esquilmó nuestro sistema público de ciencia y se frenó la inversión en I+D de nuestras empresas.
La Ley de Ciencia crea un marco de confianza para favorecer que las empresas españolas incorporen el conocimiento científico y las tecnologías en sus estrategias de negocio
La receta del Gobierno de Pedro Sánchez es radicalmente distinta. Estamos rescatando a la ciencia de la isla de precariedad a la que la desterró el PP, con un presupuesto histórico para la investigación científica y el desarrollo tecnológico en nuestro país, que dobla el heredado y que duplicaremos en 8 años; con la mayor oferta pública de empleo en 15 años, que aumentará en más de un 25% las plantillas de nuestros organismos de investigación y supondrá la creación de casi 4.200 plazas; con la ampliación de derechos para el personal de investigación que les garantice un proyecto de vida seguro y estable en su país, en torno a la ciencia y la innovación; y con el mayor estímulo para que las empresas contraten a investigadores e investigadoras en sus plantillas, a través de mejores y más ambiciosos instrumentos de nuestra agencia financiadora de innovación empresarial, el CDTI, y el máximo ejercicio de innovación pública que se ha hecho en España, los PERTE, los proyectos estratégicos para la reindustrialización de vanguardia de nuestro país.
¿Qué te motivó a realizar los estudios de Ingeniera de Telecomunicación?
De pequeña, teníamos que esperar a que mi padre llegara a casa para que arreglara el mando de la tele cuando se rompía. Ni mi madre ni yo sabíamos hacerlo y la sociedad, de alguna manera, te decía que la tecnología no era cosa de chicas. Me rebelé contra ese cliché injusto y quise ser la persona de las soluciones.
¿Qué está aportando a tu labor como ministra el hecho de ser Ingeniera de Telecomunicación? Si algo me sedujo a la hora de estudiar esta carrera fue la propia esencia de la ingeniería, una disciplina fundamentada en el ingenio, la capacidad humana de inventar soluciones para problemas que todavía no sabemos resolver. Yo trato de aportar a la política esa mirada transformadora que caracteriza a los ingenieros e ingenieras.
Hemos de saber construir el puente que une a la academia con la empresa, profesionalizar la construcción de ese vínculo
Para poder transformar la realidad, una ingeniera tiene que partir de los conocimientos exactos de los procesos para adoptar decisiones que mejoran cualquier sistema. Nos movemos por diagramas de bloques, somos analíticos y contemplamos todos los escenarios posibles para mantener siempre en funcionamiento el sistema. Este punto de vista también es conveniente en política, desde donde, con acciones y partiendo de la evidencia científica, podemos y debemos dar soluciones que mejoren la vida de la gente y nos permitan ser una sociedad más resiliente frente a cualquier amenaza.
Como sabes, existe un factor determinante para el sector de las tecnologías digitales: la falta de vocaciones STEAM. ¿Qué opinas sobre la pérdida de interés en estas disciplinas y el actual esquema formativo universitario de los Ingenieros de Telecomunicación?
Fomentar el interés de las niñas y las jóvenes por las vocaciones STEAM en plena revolución tecnológica es un proyecto estratégico de país por dos motivos principales. Uno es que necesitamos más mujeres trabajando y liderando en ámbitos científicos como las ingenierías, porque son disciplinas clave para desarrollar las soluciones innovadoras de presente y de futuro, que solo generarán progreso y bienestar para el conjunto de la sociedad si están pensadas por y para el conjunto de la sociedad. Y eso incluye a las mujeres, la mitad de la población, que hoy en España representan solo el 26% del alumnado en las carreras de ingeniería y el 14%, en las de informática.
El otro motivo es que estas carreras, que giran en torno a la digitalización, son las más demandadas hoy por las empresas. Hoy 1 de cada 4 nuevos empleos creados en nuestro país desde 2020 es en actividades relacionadas con innovación, especialmente en el sector de las telecomunicaciones y la informática. Esto ya supone un cambio radical en el paradigma laboral español, ahora mucho más fuerte, resiliente y de vanguardia. Y en la próxima década nuestro país necesitará 200.000 ingenieros e ingenieras más, según indica el Observatorio de la Ingeniería de España. Y las mujeres también han de tener acceso a las profesiones de mayor calidad y mejor pagadas del presente y del futuro.
Necesitamos atraer, retener y aprovechar todo el talento científico, innovador y emprendedor, el capital humano más valioso para garantizar el futuro, por cuestión de justicia y de eficiencia. Por eso, desde el Ministerio de Ciencia e Innovación, estamos visibilizando a las brillantes científicas, emprendedoras y tecnólogas de nuestro país, para que sirvan de espejo e inspiración a nuestras jóvenes. Hay que desterrar estereotipos de género que limitan las aspiraciones de las niñas y merman su autoconfianza. Como escribe en un verso una ingeniera y poeta africana, Tittilope Sonuga, “hay cosas que debemos desaprender, historias que arañar de nuestras gargantas; mujeres enteras a las que regresar”.
Pero despertar las vocaciones científicas de las niñas es solo el primer paso. Mi misión principal es garantizar que estas vocaciones se traduzcan en profesiones que mujeres y hombres puedan ejercer en condiciones de igualdad, seguridad y estabilidad en nuestro país.
Diana Morant
Es Ingeniera de Telecomunicación por la Universitat Politécnica de València. Tras tres años ejerciendo su carrera profesional como ingeniera, dio el paso a la política.
Ha sido alcaldesa de Gandia por el PSPV-PSOE (2015-2021), concejala en el Ayuntamiento de Gandia (2011-2015) y diputada en la Diputación Provincial de Valencia desde (2015-2017). Ha sido además miembro del Consell de Turisme de la Generalitat Valenciana (2015-2021), ha pertenecido al Consejo Territorial de la FEMP y ha formado parte del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia.
En julio de 2021 fue nombrada ministra de Ciencia e Innovación.