El Tribunal de Cuentas cuantifica en 103.690 millones de euros lo que el Estado adeuda a la Seguridad Social (SS). Se refiere a gastos que tendría que pagar el Estado y que está pagando la SS. Son el gasto sanitario y el complemento a las pensiones mínimas. También lo son las cotizaciones que deja de percibir la S.S. por la implantación de tarifas planas, descuentos en cuotas para la contratación y ayudas a la natalidad. Son 103.690 millones que la S.S. está prestando al Estado.
La SS tiene que recurrir a préstamos para hacer frente a algún pago de pensiones porque está soportando esos gastos que no son suyos. Hay que tener en cuenta que, en la deuda reconocida de 103.690 millones, no están incluidos los intereses que se deberían abonar a la S.S. por el dinero que presta.
Si la caja de las pensiones hubiera pagado solo pensiones, ahora no tendría déficit. Si el Estado devolviera todo el dinero que debe a la SS, el Fondo de Reserva tendría una suma muy superior a los casi 70.000 millones que llegó a tener en su mejor momento.
El Tribunal de Cuentas dice claramente “… se recomienda al Gobierno que proceda a efectuar la liquidación efectiva de los gastos no contributivos que fueron asumidos por la Seguridad Social con cargo a sus recursos, consiguiendo de facto la efectiva separación de las fuentes de financiación recogida en la Recomendación primera del Pacto de Toledo”.
Añade el Tribunal de Cuentas, que las Cortes Generales propongan las medidas necesarias “…para garantizar la sostenibilidad financiera y el equilibrio presupuestario” de la SS.
El Estado tiene una cantidad enorme de deuda con la SS, es decir, con quienes cotizaron en el pasado y ahora cobran una pensión, y con los cotizantes actuales que tienen derecho a una pensión futura.
Pensión y renta vitalicia
A diferencia del Tribunal de Cuentas, que hace una fiscalización de la realidad, el BdE hace un cálculo hipotético a futuro. En su informe, ha calculado la teórica rentabilidad del sistema público de pensiones porque “… analizar la rentabilidad financiera que provee el sistema resulta de gran relevancia, ya que proporciona una información útil para calibrar su equilibrio financiero intertemporal …”.
El BdE ha trabajado sólo sobre una muestra de las jubilaciones que se produjeron en 2017. Utiliza para sus cálculos una posible evolución de determinados parámetros: IPC, PIB, longevidad. También ha supuesto algunos datos porque no se conocen los reales: cotizaciones anteriores a 1980 y porcentaje de la cotización que se dedica a la pensión.
Con todo ello, el BdE concluye que la rentabilidad media de la pensión alcanzaría un 3,5% de rentabilidad anual y que el sistema proveería una rentabilidad del 74%. El propio informe detalla las limitaciones que tiene el estudio y por tanto el resultado al que han llegado: “… esta carencia de los datos introduce una nota de cautela relevante en la interpretación de los resultados que se presentan a continuación”.
También hace suposiciones como que “… se asume que la inversión media debería evolucionar de forma similar al crecimiento esperado del PIB potencial de la economía”.
Por otro lado, si la Administración enfatiza que el sistema de pensiones es un sistema de reparto, el BdE considera que “… puede entenderse como un mecanismo de inversión en el que los participantes aportan fondos durante su vida activa (las cotizaciones sociales) con objeto de recibir en el futuro dichos fondos junto con un cierto rendimiento acumulado, en forma de renta vitalicia (la pensión que se percibe durante la jubilación)”.
El BdE ha calculado un hipotético rendimiento financiero del sistema público de pensiones como si fuera un sistema de renta vitalicia. Sería razonable que la pensión fuera reconocida como renta vitalicia, pero no está considerada así. La pensión tiene peor fiscalidad y su valor no se calcula como si fuera renta vitalicia. Por ejemplo, quienes han pagado las cotizaciones más altas y por más tiempo, cobran igual que personas que han aportado menos dinero al sistema. Esta suposición del BdE a la hora de calcular la rentabilidad, añadiría una cautela más a la interpretación del resultado del estudio.
El Pacto de Toledo
El Pacto de Toledo ha tardado cuatro años en alcanzar un acuerdo. Tanto tiempo es una muestra de los poderosos intereses detrás de un tema tan sensible. Ahora hay que legislar sobre sus veintidós propuestas.
Los planes de pensiones privados no son exitosos, quizá por eso el Pacto de Toledo propone los planes de empleo. Otras veces también se sugirió la llamada ‘mochila austriaca’. En las circunstancias actuales, un porcentaje importante de la población recibe un salario bajo e inestable. Así es difícil que se pueda detraer dinero del sueldo para complementar la pensión, ya sea plan de pensiones o de empleo.
La precariedad laboral, que se arrastra desde hace años, impide a muchas personas que trabajan poder cotizar lo necesario para tener una pensión digna. Esta realidad está creando, a treinta años vista, una bolsa de personas mayores muy pobres.
