El filósofo Thomas Hobbes, en su obra ‘Leviatán’ de 1651, expuso esta idea: “quien tiene la información, tiene el poder”. Sin embargo, en nuestros días la desinformación puede llegar a ser más valiosa que la información.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló durante su discurso en la última reunión del Foro Económico Mundial en Davos que “la preocupación principal durante los próximos dos años es la desinformación”. La ONU ha estado también advirtiendo de la creciente amenaza de la desinformación durante los últimos meses. Así, aunque en los últimos años las principales preocupaciones eran el cambio climático o los conflictos armados, la atención principal pasa ahora a la desinformación.
Los inicios de Internet dieron lugar a la ‘Era de la Información’, democratizando el acceso a información de calidad en cualquier momento y lugar. Las redes sociales, que eran un avance más hacia la libertad de expresión, ayudaron a la producción de un mayor volumen de contenidos y a su rápida difusión. Sin embargo, también han fomentado la polarización y la amplificación de noticias falsas.
La desinformación lleva utilizándose en las redes sociales y en algunos medios de comunicación desde hace años, suponiendo un grave riesgo para la protección de los derechos humanos, las libertades fundamentales, la democracia, la paz o la salud. La desinformación también es utilizada como un medio de rentabilidad económica. Por ejemplo, los estafadores lanzan campañas desinformativas, suplantando a empresas o instituciones, tratando de ganar la confianza de las víctimas para robar sus datos.
Si la amenaza de la desinformación no es nueva, ¿por qué precisamente ahora acapara tanta atención? Nos encontramos en un momento crítico con sociedades polarizadas, varios conflictos geopolíticos abiertos y riesgos de una recesión económica global. Además, en 2024, alrededor del 35% de los países del mundo tendrán elecciones presidenciales o legislativas. Si se confunde al electorado, la democracia se puede seguir degradando hasta convertirse en una olocracia.
Además, lo que hemos visto en los últimos años no es nada comparable, ni en volumen ni en sofisticación, a lo que se puede conseguir ahora a través de la Inteligencia Artificial (IA). Han aparecido durante los últimos meses herramientas como FraudGPT, WolfGPT o WormGPT que facilitan mediante IA generativa y algoritmos de aprendizaje automático la ejecución de ciberataques avanzados por parte de personas con pocos conocimientos técnicos. Mediante este tipo de programas, se pueden crear rápidamente textos, replicar voces y modificar imágenes, siendo cada vez más complicado identificar lo que es verdad y lo que no.
La colaboración de gobiernos, organismos públicos, empresas y ciudadanos, será clave para parar esta amenaza. Cualquier decisión en la moderación de contenidos debe ser transparente y proteger el pluralismo, la libertad de expresión y la de información. El filtrado de contenidos es normalmente supervisado y realizado por las plataformas digitales, pero para la verificación suelen colaborar con empresas o instituciones externas. Los verificadores tratan de comprobar la información de las noticias más virales que van contra la versión oficial dominante y con un mayor potencial nocivo. Por ello, es muy importante que mantengan su independencia.
Para evitar la rápida propagación de la desinformación son imprescindibles marcas de agua para verificar fácilmente la procedencia del contenido y herramientas automáticas capaces de recopilar y procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real, utilizando técnicas de IA.
Por ejemplo, C2PA es una iniciativa lanzada por Adobe, Arm, Intel, Microsoft y Truepic para el desarrollo de un estándar técnico abierto, mediante el que editores, creadores y consumidores puedan identificar el origen de los distintos tipos de medios. Por otro lado, hay varias empresas de la UE que están participando en el proyecto ‘TRUST-AI’ utilizando modelos avanzados de IA para el control de contenidos y la notificación de aquellos que sean identificados como peligrosos o falsos.
También es necesario actualizar la legislación para perseguir la desinformación, incluso cuando ésta sea generada por máquinas. La UE cuenta con la Ley de Servicios Digitales, que establece los mecanismos para que las plataformas en línea y los motores de búsqueda regulen los contenidos y filtren contenido que consideren dañino o peligroso, incluyendo los bulos y la desinformación. Sin embargo, el mero acto de mentir o de desinformar no es fácilmente punible, siendo necesaria una legislación más específica.
El control de contenidos también conlleva riesgos, pues puede ser utilizado para reprimir la libertad de expresión. De hecho, ¿podemos realmente confiar plenamente en nuestros gobernantes? ¿qué pasa si son ellos los que mienten o sesgan y contaminan la información? Han sido muchos los casos de gobiernos elegidos democráticamente que se han convertido en totalitarismos, o bien de líderes que dicen una cosa y hacen la contraria.
Sin empresas e instituciones fuertes e independientes que hagan de contrapeso al poder político, nos podemos encontrar con que “el lobo es quien cuida de las gallinas”. Por ello, nunca debemos de dejar de usar nuestro raciocinio y de ser críticos para tratar de combatir de forma conjunta la lacra de la desinformación. Algunas medidas con las que podemos contribuir son tratar de utilizar fuentes oficiales o reputadas y no difundir aquello que creamos que pueda ser falso.
