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Tribuna

Ramón Millán

Ramón Millán

Ingeniero de Telecomunicación.

Las luces y sombras de la piratería digital en España

El análisis de tráfico en portales con contenido ilícito parece pronosticar un crecimiento de la piratería durante el año 2020

Durante muchos años, la descarga de contenidos ilícitos mediante redes P2P (peer-to-peer) fue la killer application de la banda ancha por fibra óptica. En los inicios del despliegue de redes de acceso GPON, España era el país de Europa donde más descargas se realizaban a través de las redes P2P (BitTorrent, eMule, etc.) y más de la mitad de los internautas españoles reconocía que se bajaba películas y música mediante estas aplicaciones.

Como siempre, la legislación iba por detrás de los avances tecnológicos, y era muy complicado perseguir a los promotores y a sus usuarios. Las páginas web que comparten enlaces a contenidos protegidos por derechos de autor, financiadas por publicidad y por la venta de datos personales (correo electrónico, teléfono, encuesta de opinión, etc.), pero también cargados de contenidos con virus y malware, se han reducido mucho en los últimos años gracias a la persecución penal.

También ha sido muy importante la aparición de servicios de suscripción con una oferta muy amplia y de alta calidad a un precio asequible. Además, la implementación de técnicas de AI y ML, ha permitido la personalización de los contenidos, mejorando la experiencia de usuario y su accesibilidad. Estamos hablando de las plataformas de streaming de vídeo (Amazon Prime, Apple TV, Disney Plus, HBO, Netflix, etc.) y de música (Amazon Music Unlimited, Apple Music, Spotify, etc.), plataformas de lectura de libros digitales por suscripción (Kindle Unlimited, Nubico, Scribd, etc.), etc.

Como resultado de estos dos factores, no es de extrañar que la piratería digital en España no haya parado de descender en cifras absolutas. Según datos de GFK, el número de accesos ilícitos a contenidos protegidos por derechos de autor fue de 5.187 millones, con una caída del 5% en el año 2019 con respecto a 2018, así como una caída acumulada del 17% desde el año 2015.

Aunque se han producido importantes avances, no hay que olvidar que el valor de dichos contenidos en el año 2019 fue de 30.904 millones de euros y el perjuicio para los sectores de la música, películas, series, libros, periódicos, revistas, videojuegos, etc., fue de 2.437 millones de euros. Según datos de GFK, el incremento de la facturación en estas industrias hubiera supuesto la creación de 19.516 empleos directos y 117.097 indirectos, así como 673 millones de euros más para las arcas públicas en concepto de IVA, IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social.

El análisis de tráfico en portales con contenido ilícito, realizado por empresas desarrolladoras de soluciones de DPI como Sandive, parece pronosticar un crecimiento de la piratería durante el año 2020. Es lógico pensar que la reducción de la oferta de entretenimiento presencial (cines, conciertos, eventos deportivos, etc.), unida al miedo a los espacios con mucha gente y a la reducción de ingresos en muchas familias hayan impulsado la piratería.

La Agenda España Digital 2025, que tratará de impulsar la transformación digital del país, ha olvidado este histórico problema. Sin lugar a dudas, la protección de los contenidos y de la propiedad intelectual en internet es imprescindible para impulsar sectores innovadores y altamente productivos, de alto valor añadido, ligados al conocimiento y la cultura, que impulsarían la recuperación económica, la creación de empleo, la competitividad, la formación, los ingresos públicos…

Entre las medidas que se podrían contemplar tenemos la promoción de nuevos medios para acabar con la distribución y el acceso ilícito a contenidos protegidos por derechos de autor. También sería importante realizar campañas de concienciación, añadir más medios técnicos y humanos para su persecución, agilizar los procesos judiciales y buscar la colaboración del sector publicitario para cortar sus fuentes de financiación.

Puesto que se han reducido los sitios de intercambio de enlaces, de descarga directa y de streaming de material ilícito online, la mayoría de los accesos se producen ahora a partir de los resultados de búsqueda en los principales buscadores (Google, Bing, etc.) y los enlaces en las redes sociales (Facebook, WhatsApp, Telegram, etc.). La publicidad con la que se financian los sitios de enlaces o que alojan contenidos ilícitos procede mayoritariamente de apuestas y juegos online, páginas de contactos, sistemas de anonimización de las comunicaciones y contenido para adultos, pero también procede de marcas de prestigio. La colaboración de los organismos públicos con operadoras, buscadores y redes sociales podrían facilitar la implementación de soluciones técnicas efectivas, sin comprometer la privacidad de los usuarios.

Los argumentos que utilizan los consumidores de material ilícito para justificar este comportamiento, es muy diverso: que no saben distinguir las plataformas legales de las ilegales, que ya están pagado por una conexión a internet o de televisión de pago, que no hay consecuencias legales, que no se está haciendo daño a nadie, la rapidez y sencillez de acceso, que no quieren pagar por un contenido que posiblemente luego no les guste… Por lo tanto, la concienciación de los consumidores y anunciantes es también un aspecto muy importante.

Finalmente, creo que se está generando también un problema desde el lado de la oferta. El aumento en cuanto a número de plataformas, el incremento progresivo del precio de suscripción y el crecimiento de los contenidos exclusivos impulsarán de nuevo la piratería. No podemos esperar que los consumidores, sobre todo tras el impacto económico de la pandemia en muchas familias, se suscriban a varias plataformas simultáneamente. Es más, el aumento de plataformas también tiene un importante impacto en la experiencia de usuario. ¿Qué ocurrirá en la práctica? Los usuarios se suscribirán al servicio que más esperen utilizar y piratearán el resto. Las operadoras podrían tener un importante papel como agregadores de esta oferta tan fragmentada, ofreciendo un único interfaz de usuario y facilitando el acceso a parte de los contenidos que no se corresponden a la suscripción realizada por el usuario (por ejemplo, aunque se tenga una suscripción con Netflix, permitir el acceso a algunos contenidos de Disney+), pagando un pequeño incremento en la cuota (pero no una suscripción total) o introduciendo publicidad durante su visionado.

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