En España se adolece, cuando hablamos de I+D, de tres realidades: se invierte poco comparativamente, no existen suficientes investigadores con carreras profesionales y no hay cultura que soporte y razone que los países ricos lo son por haber invertido en I+D (y no que invierten cuando han llegado a ser ricos). El nunca acabado proceso de revisión y actualización legislativa de la ley de la ciencia da un brizno de esperanza a que esto se corrija.
En España se ha llegado a crear hace meses una campaña de adhesión pública a favor de alcanzar el 2% del PIB dedicado a I+D. El problema es que ese objetivo es pobre de aspiraciones y tardío de plazos. Desde la crisis de 2008 el diferencial con los países UE28 se ha acrecentado y, además, el 2% está lejos del en torno al 3% que dedican los líderes según Eurostat, y que, casualmente, tienen los PIB per cápita más altos.
Claro que los vigentes presupuestos generales del Estado 2021 no pueden solventar esto en un año, pero el 59,4% de incremento que reflejan en el Ministerio de Ciencia para alcanzar un total de 3.232 M€ en inversiones públicas directas, incluyen 1.200 millones procedentes del llamado mecanismo de recuperación y resiliencia europeo. Descontando los fondos europeos, la subida del presupuesto de ciencia de 2021 respecto al año anterior es nada menos que de un 5,1%.
En España, se tiene una baja densidad de investigadores (porcentaje sobre la población) en comparación con los países que deberían ser nuestra referencia económica y tecnológica. No hace falta comentar lo triste que es ver cómo se forman titulados en nuestras universidades (con los impuestos recabados de todos), y cómo mayoritariamente acaban trabajando en el extranjero, donde se benefician así de contratar a los mejores sin haber tenido que invertir en ellos (a cambio de darles una carrera profesional investigadora y una estabilidad económica en sus ingresos que no encuentran en España).
En España hace falta crear una carrera investigadora atractiva y estable que permita retener y, por qué no, atraer el talento, que hoy por hoy no se ve suficientemente cimentada en la Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, pues sigue perpetuando la precariedad en el sector, sin garantizar el pleno derecho laboral desde el inicio hasta el final de la carrera en el personal de investigación. Hablamos del 40% en universidades y Organismos Públicos de Investigación (OPI). Por ejemplo, el 44% de la plantilla total en el CSIC es temporal, y en el ámbito hospitalario alcanzan el 80%.
Una de las reclamaciones imprescindibles es que los contratos no sean precarios o temporales, sino fijos. Y varias disposiciones del debate legislativo van en la dirección opuesta. Uno de los principales puntos de discrepancia es la eliminación de la figura de científico titular de los OPI. En el nuevo texto, se reemplazan puestos de funcionario por plazas de personal fijo laboral, con menos independencia y derechos laborales (fuente: la Marea Roja). Ahora en la escala científica la categoría más baja es la de científico titular, que puede promocionar a investigador científico y, posteriormente, a profesor de investigación. Al extinguir la categoría de científico titular, para ser funcionario fijo se tendrían que presentar a las plazas de investigador científico, donde habrá una mayor concurrencia competitiva.
Desaparecería el científico titular y se propone la incorporación de un modelo de contratación equiparable al denominado tenure track, contratación fija temporal y sujeta a una evaluación externa, supeditada a que haya plazas.
Finalmente, en esa misma línea, se ha de considerar que la ciencia española tiene tres ámbitos: personal investigador, técnico y de gestión, y todos han de poder desarrollar una carrera profesional. Quedan fuera del ámbito de la (en debate) futura ley los predoctorales, cuyas condiciones laborales se regulan en el estatuto del personal investigador predoctoral en formación.
Una ley de la ciencia no debería quedar se obsoleta cada 10 años, al igual que una ley de educación no debería ser objeto de cambio cada legislatura.
