A pesar de estos datos, en febrero de este año el gobierno tuvo que rectificarse cuando trató de revertir esta situación. La intención era obligar a empresas y universidades a dar de alta en la Seguridad Social, con una cuota de 51 euros mensuales, a los estudiantes en prácticas no laborales y sin remunerar. Ante esto, empresas y universidades declararon que se ponía en peligro la realización de las prácticas porque no podrían hacer frente a esos costes.
También el catastrofismo ha sido mayúsculo, tras la elevación del salario mínimo. Según el Banco de España, esta mejora supondría el empeoramiento del colectivo afectado. Así, dice el informe que “el incremento del SMI puede provocar que pierdan su empleo el 12,7% de los trabajadores con sueldos que antes estaban por debajo de los 900 euros. Ese porcentaje supone unos 125.000 puestos destruidos, el 0,8% de los 16 millones de ocupados a tiempo completo”. De acuerdo con los cálculos del banco, la desigualdad medida por el índice Gini podría aumentar un 0,2%.
Sin embargo, el máximo responsable de esta institución reconoce que “la evidencia empírica disponible sobre los efectos de subidas del SMI ofrece una elevada variedad de resultados, si bien, en general, tiende a identificarse que el aumento del salario mínimo tiene un efecto negativo, aunque limitado, sobre el empleo agregado en la economía”, para añadir que “el incremento del salario mínimo en cuantías reducidas tiene poco efecto. Pero tenemos pocas experiencias de subidas altas”. Es decir, que no hay datos contrastados para asegurar que se produciría ese efecto negativo.
Estas estimaciones, hechas sin fundamentar, refuerzan a quienes intentan pagar lo menos posible, o incluso no
retribuir nada por el trabajo del que se benefician, sea éste de becarios, de trabajadores asalariados o de falsos autónomos. Este proceder supone un problema ético y económico.
Desde el punto de vista económico, la utilización de mano de obra sin coste o a coste muy bajo desincentiva la productividad. De hecho, supone un derroche de recursos humanos, a menudo bien formados. Nada es gratis; es la sociedad en su conjunto quien lo paga.
Parecería exagerado comparar la precariedad laboral actual con la explotación de otras épocas. Sin embargo, los argumentos de quienes ahora se oponen a estos cambios sí se parecen a los que se esgrimían entonces cuando se quería eliminar algún abuso: que sería peor cambiar la situación injusta porque en realidad acabaría empeorando la situación de los afectados.
Es necesario perder el miedo a las profecías agoreras, sobre todo si no están fundadas en datos porque solo sirven para mantener situaciones abusivas e ineficientes.
