Para Estados Unidos, líder en productividad e innovación mundial, el sector de las telecomunicaciones es, sin lugar a dudas, estratégico. Incluso Donald Trump, que siempre se ha movido mejor en los sectores de la construcción, la restauración y el juego, ha enviado continuos mensajes de apoyo a sus operadoras y fabricantes de telecomunicaciones.
Trump ha manifestado en más de una ocasión que quiere tener tecnología 5G, e incluso 6G, lo antes posible. Lo cierto es que el coste de las licencias de 5G para las operadoras norteamericanas es bastante inferior, considerando la extensión y la población, que el de las europeas. Y allí, por supuesto, las operadoras no tienen que financiar a los canales de televisión pública.
El presidente de los Estados Unidos también ha bloqueado la entrada de las empresas chinas porque quiere evitar el espionaje económico, industrial y político. No comparto las formas ni todos los motivos de este veto a los suministradores chinos, creo que hay otras soluciones, pero su preocupación demuestra que las telecomunicaciones se consideran un pilar fundamental de su economía, inteligencia y seguridad nacional.
Sin embargo, para Europa el sector de las telecomunicaciones no es estratégico. Sus políticas regulatorias han lastrado la cuenta de resultados de las operadoras y, como efecto en cadena, han reducido el empleo y la capacidad de innovación de los suministradores, llevando a muchos a su desaparición.
En los países de la Unión Europea no hay vetos ni trabas a fabricantes de China, Estados Unidos, Corea del Sur, etc., ni se imponen las mismas reglas (socios locales, contratistas con acuerdos de transferencia tecnológica, etc.) que los propios suministradores europeos tienen que cumplir obligatoriamente para poder vender en algunos de estos países, donde al final en muchas ocasiones consiguen pequeñas cuotas de mercado a un precio incluso inferior al de los suministradores locales, poniendo además en riesgo la protección de su conocimiento y propiedad intelectual.
La competencia empresarial conlleva una mejora de productos y procesos, lo que deriva en una mayor innovación y calidad de los productos, y en unos precios más competitivos. Sin embargo, debemos aplicar localmente las mismas reglas (requisitos regulatorios, aranceles aduaneros, trabas administrativas, subsidios industriales, etc.) que son aplicadas a los suministradores locales cuando quieren vender en el exterior.
En España y otros países de Europa hay más operadoras que en países mucho más grandes, como China o Estados Unidos. La situación actual es que la red de acceso móvil ya ha sido externalizada en varios casos y su infraestructura es compartida por varios operadores. Con los avances tecnológicos de 5G (‘cloud native’, ‘network slicing’, etc.) las operadoras podrían incluso llegar a compartir también el núcleo de la red. Si las operadoras no pueden competir y jugar con las mismas reglas que los OTT (plataformas Over The Top) al final acabarán convirtiéndose en OTT, con el impacto que esto supondría tanto en inversión y calidad de infraestructura de telecomunicaciones como en empleo y creación de riqueza.
En los últimos años han aparecido tecnologías revolucionarias, como ‘big data’ o ‘blockchain’, que van a traer grandes beneficios a usuarios y empresas, pero a costa de altos consumos energéticos debido a la elevada capacidad de procesamiento que requieren. Europa, y en especial España, tienen una alta dependencia energética y un elevado coste de energía. Sin embargo, los reguladores parece que no ven en esto un problema. Al igual que la eficiencia en la fabricación depende mucho de los bajos precios energéticos, las nuevas soluciones tecnológicas, para ser competitivas, requerirán también de energía barata. De no ser así los grandes centros de datos se irán fuera de nuestras fronteras.
Según datos de Eurostat, el coste de la energía española está a la cabeza de todos los países de Europa. De hecho, el efecto es más acusado para las familias que menos consumen, pues en España se paga un alto porcentaje de gastos fijos que no dependen del consumo de gas o electricidad. Los reguladores no buscan medidas efectivas para tratar de reducir esos precios; es más, los protegen poniendo barreras, tales como, por ejemplo, las que afectan al autoconsumo y la venta de excedentes a la red.
En el caso de las telecomunicaciones, Europa ha implantado una política de roaming sin recargos, permitiendo que la tarifa utilizada dentro de sus fronteras sea la misma que tenemos en casa, sin tener en cuenta que estamos utilizando una conexión más compleja y con más operadores, equipamiento y tecnología involucradas.
Sin embargo, la Unión Europea no acaba de impulsar de la misma forma la creación de un mercado europeo de la energía integrado y competitivo, reduciendo la dependencia exterior, mejorando la eficiencia energética y potenciando el uso de energías renovables.
No es de extrañar que en este contexto las empresas energéticas que operan en el ‘Viejo Continente’ y, en especial, en España, tengan unos excelentes beneficios y flujos de caja, a la vez que su cotización en Bolsa esté en máximos. En cambio, las operadoras y los suministradores de telecomunicaciones, no levantan cabeza. Las políticas de la Unión Europea están suponiendo que cada vez seamos más irrelevantes en nuevas tecnologías -en cuanto a empresas, investigadores, innovación, gasto en I+D, etc.-, a pesar de su gran importancia en el incremento de la productividad, la mejora en la calidad de la vida, el ahorro energético, la reducción de la contaminación, el cuidado medioambiental, la seguridad… Por otro lado, cada vez tenemos una menor eficiencia energética, con el consiguiente impacto en el empeoramiento de la calidad de vida, la reducción de la productividad, la deslocalización y el cierre de empresas, el aumento de despidos…
