«Trabajamos para que la transformación digital tenga a las personas en el centro»

Desde hace años hablamos de que Europa no puede competir con EE.UU. y China, necesitando adaptar su modelo regulatorio si quiere caminar hacia un mercado único digital competitiva. ¿Cuál es la visión del actual Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública al respecto? ¿hacia dónde debería orientarse Europa? ¿y España?

Europa tiene un modelo claro de digitalización que nosotros también compartimos. El programa la Década Digital tiene metas y objetivos concretos para 2030 y sirve de guía para la transformación digital de Europa. Este programa reconoce unos valores europeos en los que nos sentimos reflejados: que la digitalización sea sostenible, segura y que coloque a las personas en el centro.

Esto significa apostar por la descarbonización y el uso sostenible de recursos como la energía o el agua. Y a medida que avanza la transformación digital de la sociedad, la seguridad se convierte en una prioridad. Según datos del Instituto de Ciberseguridad de España, en 2024 hubo 97.348 incidentes de ciberseguridad, lo que representa un aumento del 16,6% en comparación con 2023.

Pero también, y, muy importante, trabajamos para que la transformación digital tenga a las personas en el centro. España fue uno de los primeros países en elaborar una carta de derechos digitales y recientemente hemos creado el Observatorio de Derechos Digitales cuyo objetivo es garantizar los derechos en el entorno digital.

Otro objetivo del modelo europeo es la soberanía estratégica, cuestión cuya relevancia fue puesta de manifiesto por la crisis del COVID, y que ahora, en un momento en el que la geopolítica se ha hecho más presente, ha cobrado si cabe más peso.

El uso ético y responsable de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sobre todo por los menores de edad, es una tarea siempre delicada. ¿Qué tareas se han impuesto para dotar de garantías a los más vulnerables?

La tecnología ha evolucionado muy rápidamente y ha permitido el desarrollo de nuevos delitos que hasta hace poco no existían. Es necesario desarrollar una legislación específica que nos proteja a todos, especialmente a los menores, que son más vulnerables y viven inmersos en la esfera digital.

A medida que avanza la transformación digital de la sociedad, la seguridad se convierte en una prioridad

Desde el Ministerio para la Transformación Digital hemos contribuido al Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, que ha sido recientemente remitida a las Cortes para su tramitación.

En este anteproyecto de Ley se incluyen medidas como la obligación de incorporar sistemas de control parental y etiquetado en los dispositivos electrónicos, así como mecanismos de verificación de edad y acreditar mayoría de edad para acceder a mecanismos aleatorios de recompensa, que ahora mismo existen en algunos videojuegos.

También aborda específicamente el tratamiento penal de las denominadas ‘ultrafalsificaciones’ (deepfakes), pornográficas o no, cuando la intención es atacar la integridad de una persona.  El objetivo, en definitiva, es crear un entorno seguro y evitar daños psicológicos, físicos o emocionales a ellos y a sus familias.

Nos gustaría conocer su valoración sobre el actual sector, las fusiones de operadores, la situación de Telefónica, con una mayor presencia pública, que parece apuntar un cambio de rumbo sobre el actual modelo privado de las empresas operadoras a nivel europeo. ¿Cómo vislumbra el futuro de un sector estratégico para España y para Europa?

En España podemos presumir de la excelente conectividad que tenemos, un logro que ha sido posible gracias a la colaboración público-privada. Desde el Gobierno hemos impulsado una regulación que propicia el despliegue y hemos dado ayudas para que esas redes también lleguen a las zonas con menor interés económico.

Las empresas, por su parte, llevan años realizando importantes inversiones. Por tanto, nuestra visión es que necesitamos un sector robusto. Necesitamos operadores con la capacidad financiera y el tamaño necesarios para competir eficientemente en el mercado mundial de las telecomunicaciones y para responder eficazmente a la aceleración masiva de la digitalización.

En cuanto a Telefónica, es una de las principales compañías del país, líder en el sector de las telecomunicaciones y clave en otros ámbitos estratégicos. La participación de la SEPI en el capital de Telefónica busca aportar una mayor estabilidad accionarial a la compañía para la consecución de sus objetivos, un sector que es estratégico para nuestra economía.

Desde 2020 se han desarrollado distintos programas de ayudas con el foco puesto en la transformación Digital vía los Fondos europeos Next Generation. Tras casi cinco años de aplicación ¿qué balance haría de los distintos Programas UNICO?

Queríamos que la conectividad llegara a toda la ciudadanía y las empresas, una transformación digital sin dejar a nadie atrás, y ese objetivo lo estamos alcanzando.

Hemos invertido 2.500 millones de euros en conectividad desde 2020 y ahora somos el país de Europa con las redes de fibra óptica más extensas: el 95% de los hogares tienen cobertura de fibra óptica y el 96% redes fijas de muy alta capacidad.

Hemos creado el Observatorio de Derechos Digitales para garantizar los derechos en el entorno digital

Hace apenas cuatro años ni siquiera medíamos la cobertura 5G. Ahora la cobertura rural 5G es del 68,93%, porque ha aumentado 18 puntos en un año. Este es un logro del que estamos especialmente orgullosos porque la orografía y la dispersión geográfica no ayudan al despliegue de redes, pero la cohesión territorial es una prioridad. Por eso también pusimos en marcha el programa Conéctate 35, que ofrece banda ancha por satélite a 200 Mbps a un precio asequible, 35 euros al mes y hasta 600 euros para la instalación, vivas donde vivas.

A través de los diferentes Programas UNICO hemos financiado industrias, empresas y organismos públicos para la creación de redes privadas 5G, lo que tiene un impacto directo en la economía y en sectores como el transporte, la logística o la salud.

También hemos invertido en infraestructuras de cables submarinos, en infraestructuras cloud, en microelectrónica, donde por cierto seguimos invirtiendo gracias a la Sociedad Española para la Transformación Digital (SETT), y en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para que la siguiente generación tecnológica nos encuentre preparados. Seguimos trabajando, pero los logros de esos programas son evidentes.

También se han lanzado iniciativas en los ámbitos más disruptivos tecnológicamente, como Inteligencia Artificial, semiconductores, espacios de datos… ¿Cuál es su visión sobre el papel de nuestro país en estos ámbitos y cuál es el estado en el cumplimiento de la estrategia?

La crisis de microchips durante la pandemia fue un golpe de realidad.  Uno de los objetivos de los fondos Next Generation ha sido impulsar nuestra autonomía estratégica y la reindustrialización de Europa. El sector de los semiconductores aparece señalado en la Brújula europea de la competitividad como uno de los sectores prioritarios.

España ha tomado medidas significativas. El Gobierno puso en marcha un plan específico para semiconductores denominado PERTE Chip, dotado con 12.000 millones de euros que incluye medidas para reforzar la cadena de valor en la industria de semiconductores y microelectrónica.

También hemos puesto en marcha la Sociedad Española para la Transformación Digital (SETT) que gestiona, además del fondo del PERTE Chip, dos fondos más: Next Tech, y el fondo Audiovisual Hub. En enero anunciamos que IMEC, el líder europeo en diseño y fabricación de semiconductores tendrá una sede en Málaga. Hace unos pocos años, esto habría sido impensable.

Si nos centramos en Inteligencia Artificial, ¿Europa está a tiempo de competir con China y EE.UU.? ¿cómo cree que España debe afrontar esta nueva era de la IA?

Europa ha sido pionera en la regulación de la Inteligencia Artificial en el mundo y esto es importante porque cuando hablamos de IA no hablamos solamente de chats que nos ayudan a escribir un texto o nos resuelven una duda, sino también de sistemas con riesgos muy altos, como identificación biométrica o manejo de datos confidenciales, que han de desarrollarse con las mayores garantías. Y diría que ese es el principal reto: garantizar que desarrollamos aplicaciones y servicios que utilizan la Inteligencia Artificial sin conculcar derechos ni garantías.

Desde nuestro Ministerio, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial ha liderado un proyecto pionero en Europa, ALIA, que es la primera infraestructura pública europea, abierta y multilingüe.

Su objetivo es facilitar la creación de una nueva generación de recursos y servicios tecnológicos enriquecidos con el inmenso patrimonio lingüístico del castellano y lenguas cooficiales (catalán y valenciano, euskera y gallego) en el desarrollo y despliegue de la IA en el mundo. Es un proyecto que coordina el Barcelona Supercomputing Centre (BSC), un centro puntero en investigación que posee uno de los once ordenadores más potentes del mundo.

Necesitamos operadores con la capacidad financiera y el tamaño necesarios para competir eficientemente en el mercado mundial

En el BSC se va a instalar una de las siete primeras fábricas europeas de Inteligencia Artificial (IA Factory), apoyada por el Gobierno con una inversión de 62 millones de euros. Será una IA Factory que permitirá que empresas, Pymes y startups tengan acceso a la infraestructura del BSC-CNS, actualmente solo disponible para la comunidad investigadora.

Una preocupación de su Ministerio es ayudar a Pymes, comerciantes y autónomos en sus procesos de transformación digital. Las Oficinas Acelerapyme, Kit Digital y Kit Consulting de Red.es van en esta línea. ¿Podría hacernos una valoración de estas iniciativas?

Contamos con un caso de éxito indiscutible: Kit Digital es el programa de ayudas para digitalización de empresas más demandado de nuestra historia con una inversión de 2.706 millones de euros. Este éxito no sólo se consolida, sino que crece, por ejemplo con la convocatoria para medianas empresas abierta desde diciembre y dotada con 350 millones de euros para empresas de entre 50 y 250 empleados.

Es una iniciativa muy bien recibida por las Pymes. Queremos que cualquier negocio de cualquier provincia pueda integrar la IA, la ciberseguridad o el 5G en sus cadenas de valor. En el caso del Kit Consulting, cuyo objetivo es que los pequeños negocios puedan contratar servicios de asesoramiento, hemos concedido más de 13.100 ayudas desde junio de 2024, lo que equivale a más de 179 millones de euros del Plan de Recuperación.

Muchas de las iniciativas del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en el ámbito tecnológico se apoyan en los fondos de recuperación (PERTE Chip, Espacios de Datos, IA…). ¿Cómo está siendo la ejecución de estos fondos? ¿se está elaborando un plan para abordar un futuro con una menor financiación europea?

Los fondos Next Gen son consecuencia de una desgracia, de la terrible pandemia provocada por el COVID que vivimos, pero la decisión de dedicar uno de cada tres euros a la digitalización es una apuesta política del Gobierno de Pedro Sánchez, que se ha demostrado muy acertada.

Desde el Gobierno articulamos esos fondos para que las inversiones lograran reformas profundas. Hemos hecho los deberes y gracias a esas inversiones hemos podido avanzar más rápidamente en la extensión de la conectividad, en la digitalización de las empresas o en el desarrollo de la IA…

Todas estas inversiones han puesto en marcha un proceso de transformación del modelo socioeconómico. Por ejemplo, la SETT ha anunciado inversiones en varias empresas transformadoras. Una de ellas es una empresa que ha desarrollado un software que permite comprimir modelos de IA; hay una empresa líder en satélites 5G para el Internet de las Cosas, y otra es especialista en tecnología infrarroja… Son solo ejemplos de cómo estas inversiones pueden transformar de manera profunda la economía y generar riqueza.

Hay un aspecto importante para el conjunto de la sociedad española y para el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación y es la falta de vocaciones de Ingeniería. ¿Qué iniciativas están diseñando para cambiar esta tendencia? Hace un par de años se puso en marcha la iniciativa Teleco Renta, coordinada por el COIT. ¿Tienen previsto impulsar una iniciativa Teleco Renta 2 o alguna similar?

Es una iniciativa muy valiosa, donde quiero agradecer la implicación de las asociaciones del sector, de las universidades participantes y, especialmente, la coordinación que ha realizado el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación.

Hemos tratado de comunicar que esta profesión no sólo va de tecnología. En esta sociedad cada vez más digital, el trabajo de los Ingenieros e Ingenieras de Telecomunicación incide directamente en el bienestar de las personas, son clave para poner la innovación al servicio de la sociedad.

No descartamos realizar más acciones de promoción. Animo a asociaciones y universidades a seguir haciéndolo. Sólo entre todos lograremos revertir esa tendencia negativa en el número de ingenieros e ingenieras.