Principales novedades de la Ley General de Telecomunicaciones

“En estos momentos de incertidumbre internacional, las telecomunicaciones constituyen uno de los sectores más dinámicos de la economía y uno de los que más pueden contribuir, por su carácter transversal, al crecimiento, la productividad y a la generación de empleo, situándose asimismo como palanca de la transformación digital y ecológica y como motor del desarrollo sostenible y el bienestar social”.

“Con ocasión de la declaración de la pandemia por COVID-19, se ha demostrado que las telecomunicaciones no solo garantizan la prestación de servicios muy necesarios como son el teletrabajo, la telemedicina o la enseñanza online, sino que también favorecen el crecimiento de otros sectores como la industria de los contenidos, el almacenamiento y procesamiento de datos en la nube, el Internet de las Cosas o la automoción conectada”.

Los párrafos anteriores están extraídos de la recién publicada Ley 11/2022, General de Telecomunicaciones, la norma sectorial de referencia para el conjunto de nuestro sector. Con esta publicación finaliza un largo proceso de transposición del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas (CECE) en el que el COIT ha participado, junto con otros agentes, bajo la coordinación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. Un texto que presenta un claro carácter continuista con respecto a la anterior Ley, lo cual refrenda el impacto positivo de esta sobre las infraestructuras y la competencia en el mercado español de telecomunicaciones.

El texto presenta un claro carácter continuista con respecto a la anterior Ley, lo cual refrenda su impacto positivo sobre las infraestructuras y la competencia en el mercado

Hemos querido traer a colación estos párrafos del preámbulo de la nueva Ley precisamente para recordar y reconocer la transcendencia de nuestro sector y la importancia de una adecuada regulación del mismo. Ahora corresponde al ejecutivo lo más importante: desarrollar y aplicar la norma, especialmente aquellos elementos que implican mecanismos de colaboración entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el conjunto de las Administraciones públicas, y que tienen como finalidad facilitar y fomentar la instalación y explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas, algo primordial para facilitar el despliegue de redes y la prestación de servicios por parte de los operadores.

Ámbito local y regional
Precisamente, identificar algunas de sus novedades y, especialmente, algunos elementos que aplican al sector de las telecomunicaciones y sus relaciones con la Administraciones locales, fue el objeto de la sesión celebrada el pasado mes de mayo en el Instituto de la Ingeniería de España, del cual, a continuación, trasladamos algunas consideraciones. Cabe indicar que dicha sesión, organizada por el Grupo de Trabajo de Regulación y Políticas de Telecomunicación del COIT, contó con la presencia de Begoña Nasarre, diputada portavoz de Transformación Digital del Grupo Socialista en el Congreso; Mario Cortés, diputado ponente por el Grupo Popular en el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones; Judit Flórez Paredes; directora general de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la FEMP, y Víctor Calvo-Sotelo, director general de DigitalES.

Eran y son muchos los elementos que se podrían desatacar en la nueva Ley que aplican directamente al ámbito municipal y regional. Podríamos empezar por la importancia de la actuación pública para favorecer el establecimiento de las nuevas redes que, siendo una palanca de vertebración territorial, puede ayudar a la fijación de la población en el territorio, combatiendo la despoblación rural.

Cobertura de banda ancha
En este sentido, uno de los temas tratados en la sesión ha sido la necesidad de ampliar la cobertura de los servicios de banda ancha. En la actualidad, las redes alcanzan en nuestro país una cobertura del 95,2% por ciento de la población para una velocidad de acceso de 30 Mbps y del 87,6% para una velocidad de acceso de 100 Mbps, situando a España en una posición buena en el ámbito europeo. Sin embargo, todavía existen determinadas áreas en el ámbito rural y zonas aisladas que no tienen cobertura de banda ancha, con una cierta calidad y capacidad, ni planes para su dotación por parte de ningún operador en los próximos tres años. Ello ha venido justificando la aplicación de ayudas públicas a la extensión de la banda ancha con objeto de aumentar el ritmo de extensión y el alcance de la cobertura de las redes, corrigiendo fallos de mercado desde el punto de vista de la cohesión territorial, minimizando la distorsión de la competencia y respetando el principio de la neutralidad tecnológica.

El establecimiento de las nuevas redes puede ayudar a la fijación de la población en el territorio y a combatir la despoblación rural

Para seguir favoreciendo esta instalación y explotación de redes públicas, o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, la nueva Ley prevé la posibilidad de que de que las Administraciones públicas puedan proporcionar el suministro de acceso a Redes de Área Local Radioeléctricas (RLAN), de forma accesoria respecto de los servicios públicos suministrados en los locales ocupados por las Administraciones públicas o en espacios públicos cercanos a estos locales, flexibilizando los requisitos para operar y sin tener que sujetarse al principio de inversor privado.

De esta forma, las Administraciones públicas podrán desarrollar iniciativas en el marco de programas de ayudas otorgadas directamente por la Comisión Europea (véase Wifi4EU -1-) sin que sea necesaria la inscripción en el registro de operadores. Esta novedad ha sido bien recibida por las Administraciones públicas y no se percibe, a priori, como una amenaza a la competencia por parte de la patronal DigitalES, que reúne a las principales empresas del sector de la tecnología e innovación digital en España.

Servicio universal
Otro elemento destacado de la nueva regulación ha sido el relativo al servicio universal. La anterior Ley 9/2014 se había mostrado completamente superada por las necesidades de velocidad mínima que precisa la ciudadanía y las empresas. En esta nueva Ley los grupos parlamentarios han aprobado, en primera instancia, una velocidad mínima de acceso a una Internet de banda ancha de 10 Mbps en sentido descendente: una velocidad que podría resultar insuficiente a medio plazo.

De hecho, tal y como comentaron los diputados presentes en la sesión, esto ha motivado que finalmente se haya acordado una disposición adicional a través de la cual el Gobierno se compromete a desarrollar las medidas adecuadas que tengan como objetivo lograr, en el plazo de un año, la universalización del acceso a internet de banda ancha con de una velocidad mínima de 100 Mbps en sentido descendente y, adicionalmente, que dicho acceso se produzca a unos precios asequibles para los ciudadanos, con independencia de su localización geográfica. Una medida valorada muy positivamente por todas las Administraciones públicas en la medida que favorece la cohesión social y territorial y el acceso de los ciudadanos a los más diversos y necesarios servicios, cada vez más básicos y esenciales, que se prestan a través de la red.

Derechos de los operadores y despliegue de redes
Si bien todos estos elementos son de especial interés, el debate de la sesión se centró en algunos apartados del Capítulo que la Ley dedica a los ‘Derechos de los operadores y despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas’. Y ello, en particular, debido a que el nuevo texto amplía sustancialmente los apartados relacionados con la ‘colaboración entre Administraciones públicas en la instalación o explotación de redes’. Parte del nuevo articulado está destinado a mejorar, de forma sustancial, los plazos administrativos para el despliegue de las redes y la eliminación de ciertas barreras de entrada; también viene a simplificar y agilizar aún más el régimen de concesiones, autorizaciones o licencias para el despliegue y realización de actuaciones de innovación tecnológica o adaptación técnica; se establece que en el proceso de urbanización se debe incluir un proyecto específico de infraestructuras de telecomunicaciones para permitir la llegada de los operadores en igualdad de condiciones al conjunto de los usuarios (residencial, dotacional, centros sanitarios y educativos, centros comerciales, etc.); y se amplía y desarrolla con mayor detalle el régimen sancionador para las ICT e imposibilita a las comunidades de propietarios y a los propietarios de edificios que denieguen la instalación de redes en su propiedad o que impidan la instalación del tramo de red necesario para dar continuidad de la red hacia los edificios o fincas colindantes, si no existe una alternativa viable.

La anterior Ley 9/2014 se había mostrado completamente superada por las necesidades de velocidad mínima que precisa la ciudadanía y las empresas

Todos estos elementos han sido bien recibidos tanto por la representación del colectivo de Ingenieros de Telecomunicación como por la patronal DigitalES, al entender que dichas medidas reducirán cargas y costes administrativos, facilitarán la interlocución de los operadores con la Administración y simplificarán el cumplimiento de los trámites administrativos. En este sentido la asociación de entidades locales de ámbito estatal (FEMP) entiende lo positivo de la Ley y espera poder implementar, de forma generalizada, las necesarias adecuaciones normativas que ello va a implicar en el ámbito local y regional a través de elementos de coordinación, como podrían ser la redacción de recomendaciones para la elaboración, por parte de las Administraciones públicas, de las normas e instrumentos para favorecer el despliegue (ordenanzas municipales tipo).

Reducción de requisitos
Por último, se comentaron las contribuciones de la norma para reducir los requisitos para la instalación de puntos de acceso inalámbrico para pequeñas áreas y sus recursos asociados, así como la posibilidad de acceso por parte de los operadores a las infraestructuras susceptibles de alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas. Ambos elementos son de vital importancia, por ejemplo, para fomentar la implantación del 5G.

Parte de estas medidas ya se encontraban recogidas en la anterior norma, si bien la nueva Ley establece que no se requerirá ningún tipo de concesión, autorización o licencia nueva o modificación de la existente o declaración responsable o comunicación previa a las Administraciones públicas competentes por razones de ordenación del territorio o urbanismo, salvo en los supuestos de edificios o lugares de valor arquitectónico, histórico o natural que estén protegidos: se evitan así restricciones indebidas a la implantación de puntos de acceso inalámbrico para pequeñas áreas.

El papel del COIT
Nos gustaría cerrar esta reseña resaltando nuevamente el papel activo que el COIT ha tenido en la elaboración de esta Ley 11/2022, General de Telecomunicaciones; el amplio consenso político alcanzado tanto en su tramitación como en su posterior aprobación; y la contribución del Grupo de Trabajo de Regulación y Políticas de Telecomunicación del COIT en su labor de seguimiento del devenir regulatorio y de las políticas sectoriales, y en contribuir a difundir la novedades normativas entre el colectivo y la sociedad.

1. WiFi4EU https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/activities/wifi4eu