La importancia de la tecnología nacional para garantizar la soberanía de un país
En un mundo cada vez más globalizado, la independencia tecnológica se erige como un pilar fundamental en la búsqueda de un equilibrio entre el aprovechamiento de las ventajas globales y la protección de los intereses nacionales. La capacidad de un país de desarrollar y controlar tecnologías avanzadas es fundamental para mantener la independencia y la seguridad nacional.
Un claro ejemplo de la importancia de la tecnología local es la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China. Ambos países están compitiendo por el dominio en áreas clave como la inteligencia artificial, la robótica y la tecnología 5G. Esta última se trata de un caso paradigmático de la importancia de la tecnología local ya que esta tecnología, que ofrece velocidades de datos ultrarrápidas y una mayor capacidad, es esencial para el desarrollo de las economías digitales y la infraestructura crítica.
La dependencia de los proveedores extranjeros de tecnología 5G puede suponer un riesgo para la seguridad nacional. Siguiendo con el ejemplo de Estados Unidos y China, el país norteamericano ha prohibido el uso de equipos 5G de algunas empresas de origen chino acusadas de espiar para el gobierno de su país.
Pero no solo Estado Unidos está tomando medidas, Europa está siguiendo de cerca los pasos del país gobernado por Joe Biden y, en 2022, la Unión Europea aprobó una ley de ciberseguridad que exige a las operadoras de telecomunicaciones de la UE eliminar los equipos de proveedores de alto riesgo de sus redes en un plazo de dos años. La ley también establece un proceso para determinar qué empresas se consideran de alto riesgo.
Además de los problemas de seguridad, la dependencia de la tecnología extranjera también puede suponer un obstáculo para el desarrollo económico. Los países que no tienen la capacidad de desarrollar sus propias tecnologías corren el riesgo de quedarse atrás en las cadenas de valor mundiales.
España camina hacia la soberanía digital
Europa, consciente de estos desafíos, está dando pasos significativos hacia la soberanía digital. La iniciativa de buscar capacidades tecnológicas dentro de sus fronteras se convierte en un paso esencial para disminuir la dependencia de tecnologías y soluciones extranjeras.
Además de los problemas de seguridad, la dependencia de la tecnología extranjera también puede suponer un obstáculo para el desarrollo económico
En esta línea, uno de los principales retos para España es la dependencia de las tecnologías extranjeras ya que importa la mayoría de sus equipos y software informáticos, lo que la hace vulnerable a las amenazas de ciberseguridad. Por esto, es fundamental que emerjan empresas como Teldat, una empresa española que abarca todos los procesos, desde el diseño y desarrollo hasta la fabricación e implementación de soluciones de comunicación. Esta integralidad en los procesos no solo ayuda a España a mantener la independencia tecnológica y su seguridad nacional, también impulsa su crecimiento económico.
Pero más allá de la dependencia, nuestro país se enfrenta a otro desafío: la falta de regulación en materia de datos. España no cuenta con una ley de protección de datos que sea comparable a las leyes de otros países europeos. Esto puede dificultar la protección de los datos personales de los ciudadanos españoles. El gobierno español ha tomado algunas medidas para abordar estos desafíos y en 2021, aprobó el Plan Nacional de Ciberseguridad, que tiene como objetivo mejorar la seguridad de los sistemas y datos digitales. Además, está trabajando en una nueva ley de protección de datos que estaría más alineada con las leyes de otros países europeos.
Sin embargo, aún queda mucho por hacer para reforzar la soberanía digital de España. Se necesita una inversión significativa en investigación y desarrollo en materia de tecnologías digitales. También es necesario fortalecer la regulación en materia de datos y de ciberseguridad. Además, es importante que la sociedad española se involucre en el debate sobre la soberanía digital. Los ciudadanos deben ser conscientes de los desafíos que enfrenta España en esta materia y deben exigir medidas para abordarlos.
