La radio y la televisión son dos de los servicios más importantes del sector en el que operamos los Ingenieros de Telecomunicación tanto desde el punto de vista de la gestión integral de las entidades operadoras como del diseño y la gestión de los soportes técnicos que hacen viable el servicio (redes radioeléctricas; por satélite; por cable o fibra óptica; equipamiento electrónico; tratamiento de las señales… ) o de la definición de los estándares internacionales que permiten la conectividad global (Comités Consultivos Internacionales de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, de Naciones Unidas).
También en lo que se refiere a la elaboración de las grandes estrategias de despliegue y funcionamiento de las propias operadoras o de la definición y gestión de la investigación y desarrollo en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), que les afectan de lleno.
Por otra parte, la formación académica que se imparte en las Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros de Telecomunicación pivota en torno al concepto mismo de la función social de la comunicación entre las personas, lo que constituye el ‘juramento hipocrático’ de nuestra profesión y nos capacita de manera muy especial para colaborar en la gestión de cualquier tipo de operador que actúe en el sector de la comunicación, máxime en esta época de explosión tecnológica de las TIC que está provocando profundas transformaciones en la manera de gestionar los intercambios de información, ocio, educación y conocimiento en todo el planeta.
Eso no nos da ningún ‘derecho especial’ para participar en dicha gestión, pero sí nos capacita para hacerlo con acreditada solvencia profesional, como, por ejemplo, podría ocurrir en RTVE, cuyo fallido concurso público para renovar su Consejo de Administración merece algunas reflexiones.
La sociedad mercantil estatal RTVE es un agujero negro que cada año engulle 1.000 millones de euros, con unos resultados tradicionalmente mediocres en términos de audiencia y de eficiencia en la gestión de fondos públicos, tanto si se compara con sus competidoras privadas españolas como si se tienen en cuenta sus homólogas públicas francesa y británica.
El Tribunal de Cuentas ya alertó sobre numerosas “deficiencias e incumplimientos”, que afectan a “contrataciones injustificadas”; “deficientes y escasos procedimientos internos”; “demasiados pagos sin soporte documental”, y “un dramático decaimiento de la producción interna”, además de una “pobre implantación de la contabilidad analítica” exigida por Ley.
En definitiva, parece que tradicionalmente solo ha existido preocupación por el control de los informativos, y no por dotar a RTVE de una gestión profesionalizada que la convierta en la voz más fiable y valorada en el mundo de habla hispana que contribuya a consolidar en España la democracia, la transparencia, el debate social y la cohesión de la sociedad.
Sin embargo, la reforma aprobada por el Parlamento en septiembre de 2017, estableciendo la obligación de elegir a los consejeros y presidente mediante concurso público de méritos, presagiaba una nueva era en la forma de gestionar RTVE. Pero su aplicación en 2018 resultó desastrosa.
Convendría defender el concurso de méritos para gestionar las empresas públicas y evitar que se siga malgastando el dinero público
La correspondiente Comisión Mixta Congreso-Senado impuso una normativa restrictiva e incoherente que quebraba el principio de prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 de la Constitución) y conculcaba los que rigen el acceso a la función pública en lo referente a ‘mérito y capacidad’, además de incumplir varios artículos de la Ley de Contratos del Sector Público.
Entre otras cosas, porque publicó las normas de valoración de las propuestas 17 días después del cierre de la convocatoria y admitía a todos los titulados superiores, pero excluyendo los méritos de cualquier profesional que no tuviera “formación superior en el ámbito de la Comunicación”. Esto dejaba fuera, por ejemplo, a todos los Ingenieros (sí, ¡incluidos los de Telecomunicación!), economistas y abogados, aunque tuvieran gran experiencia en gestión de empresas públicas y privadas, y presentaran el mejor de los proyectos de gestión para el futuro de RTVE.
Retorcer las normas legales de este tipo de concurso público (lo llamaron “ejercicio democrático de libre concurrencia”) hasta dejarlo reducido a un concurso restringido (los 20 seleccionados eran periodistas sin experiencia en gestión empresarial, 14 de ellos ‘de la casa’) va en contra del interés general, y transmite el mensaje corporativista y gremialista de que la gestión de un servicio público debe entregarse en exclusiva a una parte reducida de los profesionales de ese campo. ¿Correos a los carteros? ¿Renfe a los maquinistas?
Así pues, esta penosa actuación, nada menos que de una Comisión Mixta Congreso-Senado, volvió a centrarse exclusivamente en el control de los servicios informativos de RTVE, sin tener en cuenta que, por encima de ello, se encuentra la obligación de gestionar adecuadamente una importantísima empresa pública.
El fracasado intento quedó en el limbo tras la disolución de las Cortes, pero, en mi opinión, convendría defender el concurso de méritos para gestionar las empresas públicas y evitar que se siga malgastando el dinero público. Por eso, las nuevas Cortes Generales deben aprender de esta primera experiencia fallida y volver a convocar un concurso público de méritos, abierto y democrático para gestionar RTVE de forma profesional, aplicando lealmente la Ley 17/2006 de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal (LRTV) y su modificación de septiembre de 2017.
Eso sí, la preselección de los 20 candidatos mejor preparados debe encargarse a las empresas especializadas en valorar al personal de alta dirección para que las Cortes elijan finalmente a los 10 consejeros y a su presidente, como marca la Ley.
